El archivo expiatorio

SE ESTÁ levantando una guerra -hasta ahora incruenta- a causa de la devolución de un puñado de papeles que, debido a las circunstancias trágicas que se desarrollaron en España de 1936 a 1939, dieron con sus letras y cifras en Salamanca, guardados en un edificio histórico, curiosamente ubicado en la calle Gibraltar. Visto así, el asunto parece más para provocar lágrimas de risa que de tristeza. Sin embargo, la condición humana es, a veces, tan estúpida o caprichosa que puede propiciar estos hechos, incluso por cuestiones aún más nimias han corrido a lo largo de la historia de la Humanidad ríos de sangre. Hegel dice irónicamente ( Filosofía de la historia ) que el saber si Cristo tenía naturaleza de Dios (omousios), o era semejante a Dios (omoiusios), «costó la vida a millones de personas». En este caso no se trata de una cuestión de papeles, sino de algo más simple, como el quita o pon de una letra. El Archivo General de la Guerra Civil Española, en Salamanca, es, en su origen, un «campo de concentración de documentos», ahí encerrados -y posteriormente fichados e informatizados- a medida que los sublevados contra la segunda República Española los fueron incautando a instituciones y particulares en los territorios conquistados a los «enemigos de la patria»; al mismo tiempo que se concentraba y fichaba a individuos en otros depósitos con permanencia y destino más o menos trágicos. Esos papeles sirvieron a los vencedores, en un primer momento, para poder inculpar y castigar, según severísimas leyes; como también, en tiempos posteriores de democracia para facilitar indemnizaciones a favor de los vencidos. Dándose así la circunstancia paradójica de ser, al mismo tiempo, un archivo de la represión y la masonería y una ventanilla de reclamaciones. Si adoptamos el criterio de propiedad legal sin prescripción temporal aplicado a los fondos de archivos, museos y bibliotecas de todo mundo, no hace falta ser experto jurista, historiador o filólogo para concluir con la fórmula: «Devuélvase al propietario que pueda acreditarlo». Sentado este principio, muchas salas del Louvre deberían ser despojadas de sus fondos correspondientes a las civilizaciones egipcia, asiria, persa o babilónica; el Museo Británico tendría que devolver -además de las cartas de nuestro Padre Isla- infinidad de manuscritos ; y el Archivo Arqueológico Nacional se vería obligado a restituir todas las piedras y enseres ahí custodiados no pertenecientes a la comunidad madrileña. Por poner sólo tres ejemplos a modo de ilustración, las piezas han llegado a estos albergues de concentración por distinto caminos, muchas veces desconocidos o rocambolescos. Aplicado este criterio al Archivo General de la Guerra Civil Española, en Salamanca, habría que proceder de inmediato a su desintegración, devolviendo legajos documentales, no sólo a Cataluña, sino al resto de las comunidades que configuran actualmente el Estado español. Para otros, debería prevalecer, por encima del criterio de propiedad, el criterio de posesión: esto es, privilegiar el «en», en perjuicio del «de». Cualquier archivo, museo o biblioteca se convierte así en un depósito organizado que, por su carácter general abierto, está al servicio de la comunidad, no sólo nacional, sino internacional. Los originales deben de permanecer donde están, blindados al abrigo de cualquier reclamación, facilitando, eso sí, su información visual y posibilidad de copia a todos aquellos que lo soliciten. De otra suerte, reponiéndose a particulares, se descompondría su unidad, se entorpecería la labor del investigador y se fomentaría la ocultación y la especulación. Yo no sé -quizá por padecer de ingenuidad incurable- si el señor Zapatero ha utilizado como moneda de cambio en su pacto con las izquierdas catalanas la devolución de los catalano-documentos ubicados en Salamanca, o si era una convicción asumida desde niño. Lo que no me cabe ninguna duda es que la contumaz reclamación de los mismos se utiliza, menos por lo intrínseco, y más como ruptura de vínculos con el Estado, del mismo modo que se procede en otros foros, como, por ejemplo, los deportivos. Me parece conmovedora la idea del señor Zapatero -al que se le van acumulando en exceso los sobrenombres- de fervorosa fe en la armonía universal, obrando como una especie de «contentador automático» que a todo dice sí o calla para otorgar. Pero muy pronto se dará cuenta -si no se ha percatado ya- que su loable talante para acabar con las crispaciones territoriales a base de concesiones, miradas distraídas y actitudes permisivas, tal vez acreciente más los ardores de los insurrectos catalanes y vascos que parecen vislumbrar su oportunidad de oro. Se dice con sorna que en España la política es una rama de la construcción, pero, seriamente, las decisiones de algunos de nuestros «hombres públicos» -no digo mujeres, que también las hay, para evitar equívocos-, parecen más guiadas, sistemáticamente, por enfrentamientos partidistas, creando problemas donde no los hay, o para envenenar aún mas los ya existentes. Sostiene el señor Caldera -a la sazón ministro de Trabajo, salmantino y tornadizo en esto del Archivo-, que la devolución de los papeles catalanes cierra una herida ancestral, sin evaluar suficientemente que con ello se puede abrir otra más grande y profunda. Por su parte, la señora Cuevas -responsable de Cultura del actual gobierno y anteriormente del andaluz-, ha estado aún menos afortunada en sus expresiones, al hablar de «botín de guerra» a propósito de los papeles catalanes, como si se tratase de despojos cogidos al enemigo entre distintas comunidades en conflicto. Deben ser otros caminos, no el sacrifio de víctimas en forma de papeles de archivo, el que se ha de seguir para conseguir acallar la furia reivindicativa (y victimista) de los dioses secesionistas. Tampoco me parecen prudentes las manifestaciones de fervor patrimonial, un tanto chulescas y desafiantes, del señor Lanzarote, alcalde de la ciudad de Salamanca, y sus adláteres, amenazando, en última instancia, con con incitar a las masas a la rebelión, ni su decisión de vallar el edificio, al que sólo le falta ya colocar el «No saldrán», emulando el épico slogan madrileño de tiempos de la guerra civil. Que a un humilde servidor, con el número 00805006 de investigador de ese Archivo, no se le confunda con ultranacionalistas partidarios, al modo de Parménides, de que las cosas siempre han de continuar idénticas a sí mismas. Estamos más con Heráclito, en el sentido de que todo cambia, incluso frente a voluntades en contra. Pero no podemos estar tampoco al arbitrio del iluminado de turno o del advenedizo audaz, impulsado por odiologías de consecuencias imprevisibles. Sea una u otra la suerte de los papeles, en ningún caso merece que los ánimos se solivianten. El ciudadano -que más que apolítico, como a menudo se oye, debería ser hiperpolítico para que la política no se haga contra él- ha de estar por encima de las peleas partidistas y personales de los que mal lo representan y para quienes esos papeles sólo son un arma arrojadiza más. Nada justifica, y menos unos un puñado de papeles, para que en el Tormes se enturbie o mude el color de sus aguas.