Paradojas legales

EN UN Estado de Derecho, las leyes son previas a las conductas que regulan. Sólo las dictaduras legislan contra personas singulares para arreglar situaciones que molestan al régimen. Las leyes penales nunca pueden ser retroactivas más que si van en beneficio del reo, sea de la ETA o sea un ratero. Por eso, siempre me ha parecido hipócrita condenar a alguien a cientos de años de cárcel, sabiendo que el tope máximo es de 30 y que cabe la redención de penas por trabajo o formación. Aunque la ley trata de traducir lo que es justo, no siempre lo consigue y por eso se explica la indignación de que alguien condenado por 28 asesinatos, pueda salir a la calle a los 18 años sin que se arrepienta de nada. Pero es lo que establecía la ley que se aplicó al condenarle. Ese es nuestro sistema, con sus luces y sus sombras. Que ahora quiera procesársele por nuevos delitos podrá gustar a la gente, pero huele mal. Hora es ya de coger al toro por los cuernos y, puesto que se va a acometer una reforma constitucional, establecer los siguientes principios: 1) no puede haber reducción de penas sin arrepentimiento, 2) eliminar el tope de los 30 años en delitos de sangre o que provoquen especial alarma, como las violaciones o los que sufran menores y 3) la reinserción no puede imponerse de oficio, tiene que solicitarla el condenado haciendo patente su arrepentimiento, y 4) la pena no sólo debe rehabilitar, sino también castigar. Nuestra sociedad no admite la pena de muerte y rechaza la prisión perpetua. Muy bien, pero hay que dejarse de progresismos de salón y mirar antes a las víctimas que a los delincuentes. Y tener en cuenta que el Poder Legislativo no es sino el reflejo de la sociedad que lo elige: una sociedad que ha abandonado todo referente moral para echarse en brazos de lo políticamente correcto. Hora es ya, igualmente, de hacer ver a Ibarretxe que no puede pasarse las leyes por el arco del triunfo, ni declarar que ignorará un posible rechazo a su plan por parte del Parlamento nacional. Ni que convoque un referéndum por su cuenta. Él, como Maragall y como todos, tienen que respetar las leyes, porque dimanan de la soberanía del pueblo español, que es el único que la tiene según la Constitución. Si se permite que las leyes dejen de aplicarse, volvemos a la jungla. Aquí no valen sonrisas ni talantes: el Gobierno no tiene más remedio que ganar el envite, por el bien de todos. Existen varios medios legítimos para lograrlo: hay que tener los redaños de aplicarlos. Y punto. La crítica es consustancial a la prensa democrática, con tal de que tenga entidad y fundamento. Uno de mis lectores me acusa nada menos que de faltar a la verdad por escribir mi apellido con «v» en vez de con «b». Pintoresca acusación, incluso ridícula. Puede acudir a todos los diccionarios que quiera: el vascuence es una lengua que no se escribió hasta finales del siglo XIX. En el XX, la Academia de la Lengua Vasca uniformizó la ortografía proscribiendo las «uves». Euskaltzaindía (ese es su nombre) puede tomar las decisiones que le parezca oportuno, pero hay libertad inmemorial en la ortografía de los apellidos y yo sigo una tradición familiar varias veces centenaria, de la que no pienso apartarme. Más sabe el loco en su casa que el cuerdo en la ajena.