Justicia y distancia

EN CASI todas las autonomías se aspira a que la supremacía jurídica deje de residir en la capital del Reino, y la última instancia sean los tribunales supremos autonómicos. A mí me parece un error. Si la Justicia debe ser ciega, no es buena cosa que sea vecina de los litigantes, porque aunque no vea, algo puede oír. Sin llegar a la situación generada en el País Vasco, y que fue el motivo de trasladar a la Audiencia Nacional los delitos contra el terrorismo, siempre existirán más posibilidades de presionar a los jueces, si los jueces viven en la proximidad de los acusados. Es positivo que las carreteras se proyecten en el territorio de quienes van a transitar por ellas, y que las decisiones sobre numerosas medidas administrativas se lleven a cabo por las gentes que viven en el lugar, pero no encuentro ventajas a que los jueces deban tener residencia autonómica. Antes bien, al contrario, la distancia me parece un factor esencial para la objetividad, tanto porque lo que se juzga son hechos, cuanto porque ni los medios de comunicación autonómicos, ni los comentarios públicos, ni la cercanía a los encausados pueda afectar a la objetividad de los jueces. Ya dije que el País Vasco es una excepción -el único y vergonzoso rincón de la UE donde la Policía se tiene que tapar el rostro como si fueran criminales- pero, además de la amenaza terrorista, existen otras amenazas menos evidentes, pero terriblemente entrópicas a corto, medio y largo plazo. Diecisiete tribunales supremos me parecen tan disparatados como diecisiete ministros de Asuntos Exteriores. Y, ya que se trata de la Justicia, intentemos ser justos.