El corralito fiscal

HA TRANSCURRIDO un año desde el cambio de Gobierno, tiempo suficientemente razonable para analizar si ha habido o no un cambio relevante en nuestro país ya que en este tema las promesas y las palabras no cuentan tanto como los hechos. No pretendo analizar todos los aspectos de la acción del gobierno, quiero limitarme a la política tributaria, aspecto que considero clave para poder calificarla como progresista o como continuista, es decir, conservadora. Es de todos conocida la profunda injusticia de nuestro sistema fiscal y la enorme importancia del fraude fiscal. La primera deriva de una normativa que perjudica claramente a las rentas del trabajo, en beneficio de las demás fuentes de renta, especialmente las del capital. Se ha argumentado que la libre circulación de capitales dificulta o impide su gravamen en condiciones similares a las rentas del trabajo, pero nadie entiende que las plusvalías inmobiliarias (que por definición no pueden deslocalizarse) disfruten de un tratamiento doblemente favorable: tributación limitada al 15% y posibilidad de generosas exenciones por el incomprensible mantenimiento de los coeficientes de abatimiento. La segunda, el fraude fiscal se produce porque precisamente las rentas con mejor tratamiento fiscal consiguen escapar del «corralito» al que están sometidas las rentas del trabajo, mediante técnicas que van desde lo puramente delictivo hasta la mera infracción administrativa: simulaciones, facturación falsa, ocultación de ingresos, sobrevaloración de gastos, deducción de gastos particulares, incorrecta valoración de existencias, abuso de derecho en la interpretación de las confusas normas fiscales etcétera. Todo esto se traduce en que los asalariados, que no tienen la posibilidad de defraudar, están además sometidos a tipos más elevados que si sus rentas procediesen de otras fuentes (capital, empresariales etcétera.), que tienen un mejor trato fiscal y, con la posibilidad adicional de ocultarlas. El PSOE, en su programa electoral, afirmaba que había que corregir ambos problemas, es decir, mejorar la tributación de las rentas del trabajo y luchar contra el fraude fiscal. Sin duda esos propósitos no solo eran coherentes con su supuesta ideología, sino, sobre todo, con los intereses de sus votantes, en su gran mayoría trabajadores. Pero llegó el momento de dejar de predicar y de empezar a dar trigo y lo que ocurrió es que las primeras medidas no parecían concordar con esos buenos propósitos. Para empezar los responsables económicos del nuevo gobierno ya desde el primer momento dejaron claro que su política fiscal iba a ser continuista respecto de la del Sr. Rato, al que el PSOE, cuando estaba en la oposición calificaba de ultraliberal y derechista y, efectivamente, trascurrido un año, no se ha producido ninguna reforma legislativa relevante y rigen las mismas leyes fiscales del gobierno anterior. Por el contrario se han lanzado innumerables «globos sonda» en materia fiscal, con una obsesiva e irracional fijación en la eliminación o reducción de beneficios fiscales que afectan sobre todo a las rentas del trabajo: Empeoramiento del tratamiento fiscal de la deducción por vivienda y de los planes de pensiones y supresión de la deducción en base del mínimo familiar. Para disfrazar estas medidas con el manto de la progresía, se alegaba que eran discriminatorias o que beneficiaban a las rentas más altas. Pero a los verdaderamente ricos, les da igual lo que ocurra con esos tres beneficios fiscales, pues, la mayoría tienen mecanismos legales o ilegales más eficaces para reducir su tributación (derivación de sus rentas hacia sociedades interpuestas, SICAV, paraísos fiscales, su simple ocultación etcétera). A quienes sí afectarán estas medidas es a los del «corralito», a las rentas del trabajo (que son medias en poder adquisitivo real y elevadísimas a efectos tributarios) sin que por ello se beneficien las rentas bajas del trabajo, las cuales ya están prácticamente desfiscalizadas en IRPF por el P.P. Frente a esta beligerancia ante las rentas «altas» y «medias» del trabajo, no se ha producido ninguna medida legislativa que elimine los importantes privilegios fiscales que subsisten en nuestra legislación y que benefician a las grandes fortunas de este país y, en general a las fuentes de renta distintas del trabajo. Si esto no cambia será lícito sospechar que este «dialogante» Gobierno no se atreve a acabar con esos privilegios y prefiere plegarse servilmente a quien realmente manda en la economía . En el otro frente, la lucha contra el fraude fiscal, lo único que ha hecho el ejecutivo es anunciar un plan de prevención (no de lucha) contra el fraude fiscal, que al margen de sintetizar un conjunto de ideas u ocurrencias de carácter administrativo, más o menos ingeniosas y elaboradas, no contiene ninguna previsión normativa ni ningún incremento de medios humanos y materiales para ese fin., lo que ha ocasionado la crítica de las organizaciones profesionales de los funcionarios encargados de esa labor. En definitiva este Gobierno, hasta la fecha, vende humo en materia tributaria, pese a que afirma no representar ni defender los mismos intereses que el anterior, retrasando sine die el cumplimiento de sus promesas y la defensa de los legítimos intereses de sus votantes, que no son precisamente los grandes grupos de presión económicos y mediáticos cuya opinión y «tranquilidad» tanto se tiene en cuenta.