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FERNANDO ALLER
León

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FRECUENTEMENTE se nos achaca a los leoneses un notable carácter victimista, una tendencia a llorar nuestras heridas sin redaños suficientes para tornar la situación de crisis en floreciente crecimiento. Algunos, más críticos, han llegado a decir que nos aqueja un problema grave de confianza, de carencia de autoestima, lo cual vendría a explicar esa tendencia generalizada de la aspiración masiva de las familias a convertir a sus hijos en funcionarios. Sea por conformismo, por natural predisposición a huir del riesgo o por falta de las condiciones objetivas necesarias, la realidad es que León sufre una sangría permanente desde hace veinte años, tendencia que según el Instituto Nacional de Estadística no cambiará tampoco en los próximos veinte años. La última proyección demográfica prevé que León será la provincia que registrará la mayor pérdida de población de la comunidad, con una caída de 40.000 habitantes en el año 2017. En términos relativos, vamos acompañados por Zamora y Palencia. El problema de la despoblación resulta generalizado en la comunidad, aunque aquí se sufra con mayor virulencia. Este es el motivo por el cual el PP y el PSOE han firmado días atrás un acuerdo que prevé establecer una línea de actuación política que vaya más allá de la disputa electoral. Se han explicado los objetivos teóricos, pero todavía desconocemos los instrumentos concretos de acción. Los economistas Julio Lago, Javier Alvarez y David Pacho, han desvelado en un estudio avalado por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de León, que actualmente en la provincia hay 167.100 personas ocupadas, casi 32.000 menos que hace veinte años. Es decir, que en este período de tiempo se ha perdido en León un 16 por ciento del empleo. Modificar esta tendencia no será fácil. El mismo informe desvela que haría falta crear 50 fábricas como Vitatene, 50 como Ceranor y 50 como la vinícola Dominio de Tares para recuperar el empleo perdido. Es decir, que las apuestas de futuro sólo pueden llegar de la mano de modificaciones estructurales, la puesta en valor de las condiciones que impulsen el ánimo colectivo. Pequeños y medianos empresarios, pero en todo caso muchos. El informe resulta revelador en otro asunto de la máxima actualidad. Las empresas que se mantienen en el tiempo no están creadas al amparo de las ayudas públicas. Avala el informe al sentido común cuando señala que ningún proyecto empresarial se puede sustentar exclusivamente en las ayudas públicas, si bien a veces éstas resulten necesarias cuando se trata de captar inversiones que, con mejores condiciones, se pueden quedar en comunidades vecinas. A partir de ese momento, las ayudas públicas únicamente sirven para prolongar la agonía de lo que no es rentable o, en ocasiones también, para alimentar el chantaje de los más sinvergüenzas. La denuncia de supuestas prácticas reprobables es lo que ha llevado a la dirección de Sir Fidia, propietaria de Antibióticos, a abrir un expediente en contra de los miembros del comité de empresa. El conflicto es conocido: Sir Fidia mantiene un burdo juego con sus trabajadores, con las administraciones y con la sociedad leonesa en general. Los propietarios ponen la factoría leonesa en venta, pero no es transparente en la negociación con los hipotéticos compradores. Paralelamente presentan un expediente para reducir el empleo a la mitad y a su vez el representante de la sociedad, en un afán por desprestigiar lo que intenta vender, caso sin precedente, dice estar dispuesto a entregar la compañía por un euro. Ante tanta incongruencia, pura bufonada, el comité de empresa, seguramente harto de estar harto, habla de cobardía y de prácticas mafiosas por parte del grupo empresarial, a cuyos directivos les llama buitres carroñeros. «No conformes con haber hundido nuestra empresa en lo económico, con actuaciones de piratas, pretenden enterrar también nuestro futuro», denuncian los representantes legales de los trabajadores. El comunicado, más allá del juicio que a cada uno le merezca que se llegue a comparar a algunas personas con los buitres (animales que no tienen culpa alguna en este asunto) demuestra un estado próximo a la desesperación. Tampoco es algo novedoso en el comportamiento de determinados empresarios. La táctica es simple: se crea un problema más grave, que nada tiene que ver con la situación inicial, para que al final el conflicto cambie de enfoque. Asistiremos en los próximos días a un debate artificial. El despido sin precedente del comité de empresa, y sin ninguna duda improcedente, busca ocultar el grave asunto de la descapitalización de la sociedad, la carencia de planes industriales de futuro (el proyecto presentado por importe de 5 millones de euros en dos años no es creíble para los trabajadores y, consecuentemente, tampoco lo respalda el Gobierno), la confusión sobre la utilización del dinero público cobrado... y ocultará igualmente la suspensión temporal de empleo de 53 trabajadores. Llegados a este punto, resulta cuestión irrelevante si todo son argucias y malas prácticas o si hay algo de recto y honrado. La historia reciente ha quebrado la mínima credibilidad y ha proscrito lo fundamental en las relaciones empresariales: la lealtad recíproca. Para enredos, también el de Feve. El hecho objetivo: La línea de vía estrecha que parte de Matallana estrangula la ciudad de León. Es preciso llevar a cabo una actuación que permita una integración urbanística moderna, para lo que es obligado que se pongan de acuerdo el Ayuntamiento, la Junta, la compañía ferroviaria y la Administración del Estado. Algo que ya ha ocurrido para llevar a cabo una actuación parecida que afecta a la estación y las vías de Renfe, en León y San Andrés. Pues bien, estando todos de acuerdo en lo fundamental, hay que ver cómo enredan los políticos. Ahora parece ser que el problema fundamental es si esta actuación se puede llevar a cabo al amparo de la sociedad creada para el desarrollo del plan de Renfe, «León Alta Velocidad 2003». De esta forma, se ganaría mucho tiempo, puesto que se trata de una sociedad ya constituida, que funciona con criterios empresariales y sin las trabas administrativas que implican actuaciones que afectan a las administraciones públicas. Amilivia defiende esta idea. Paco Fernández se opone y quiere que se cree una nueva sociedad, porque juntar proyectos en «León Alta Velocidad 2003» supondrá retrasos en las dos actuaciones. Mientras estas declaraciones se producían en la tarde del jueves, en el Club de Prensa del Diario de León existía un debate sumamente interesante sobre el mismo asunto con personas muy cualificadas, como Cecilio Vallejo y Paco Gutiérrez, ambos ex concejales de Urbanismo, el gerente de «Alta Velocidad» y el concejal de San Andrés, Alfredo Villaverde. Quedó totalmente claro que aplicando criterios profesionales, las personas citadas, con trayectorias políticas diferentes, serían capaces de llegar a un acuerdo satisfactorio para los ciudadanos en una sola tarde. ¿Por que, entonces, todo puede estropearlo la política? Tal vez, como reconocía a micrófono cerrado uno de los intervinientes, todo es factible de empeorar si la disputa de votos está por el medio. Algo sospechábamos.

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