El irresistible empuje del cambio

UNA DE las noticias más «cachondas» de esta loca semana que hoy termina ha pasado casi desapercibida, quizá porque no acabe de ser noticia creíble: el ministro Bono sugiere que la palabra «guerra» desaparezca de la Constitución Española. Lo dijo de pasada, como quien no quiere la cosa, ante la Comisión de Defensa del Congreso. Trataba de exponer la bondad del envío de quinientos soldados a Afganistán, y dejó caer esa sorprendente idea. Es, por lo visto, una pura cuestión semántica: la futura Ley de Defensa Nacional tampoco contiene, por sorprendente que parezca, ninguna alusión a la guerra. En su lugar se ha escrito «conflicto» o «intervención armada». Estamos, como se puede ver, en tiempos de cambio general. No es que el gobierno quiera transformar el país, que tiene derecho a hacerlo. Es que quiere cambiar incluso los estados de ánimo y borrar del diccionario los términos que molestan. Si vivimos, como parece, en un estado de tranquilidad, no lo estropeemos con palabras poco agradables, ¡inventemos el eufemismo! No dejes, por ejemplo, que la palabra guerra -mencionada tres veces en nuestra Constitución y en otros tantos de sus artículos- estropee el brillante pacifismo de este equipo. Si la Constitución de 1.812 ya animaba a todos los españoles a ser buenos y generosos, ¿por qué la actual nos tiene que recordar que existe la guerra? Si la ONU ha declarado ilegal la guerra, ¿por qué mantenerla en nuestros textos fundamentales? Tendremos a nuestros soldados en intervenciones armadas, pero no en guerras, que son mucho más crueles¿ Pero la situación dista mucho de ser humorística. Lo que hizo Bono en esa declaración no pasa de ser un deseo que sabe que nunca se llevará a la práctica. Pero revela hasta qué punto pueden surgir ideas de reforma de la Constitución en cuanto se abre la espita. Hasta ahora nos habíamos movido en los cuatro prudentes supuestos que Zapatero anunció y remitió al Consejo de Estado para dictamen. Desde entonces se abrió un peligroso horizonte, que es el de provocar una reforma constitucional por la senda de los nuevos estatutos de autonomía. Y los más recelosos temen que, abierto algo parecido a un proceso constituyente no quede nada sin revisar. Lo primero que Bono demuestra es que, efectivamente, al introducir, quitar o cambiar un término de una ley ordinaria, el empuje siguiente, aunque resulte utópico, es añadirlo, quitarlo o cambiarlo en la Constitución. Y lo segundo, que los españoles, aunque sean ministros, tienen mentalmente abierta la compuerta del cambio constitucional. Y si por esa puerta puede entrar algo tan insospechado como la guerra, ¿qué ocurrirá con todo aquello que está en el ambiente, como llamarse nación?