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FERNANDO DE ARVIZU
León

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SIGUEN las manifestaciones. El gobierno sigue diciendo que las respeta, pero que no cambiará su política, ni en la negociación con ETA ni en el Archivo de Salamanca ni en los matrimonios gays. O sea, que se pasa la protesta ciudadana por el arco del triunfo, eso sí, con muchísimo respeto. Suena a Calderón de la Barca. Lo que no es tan de recibo son las manifestaciones de todo un ministro de Justicia, que dice que ahora se respeta el derecho de manifestación y que antes -léase, con Aznar- ese derecho se impedía y se insultaba a los manifestantes. La verdad, eso de impedir no lo recuerdo: hubo manifestaciones contra la LOU, contra el Prestige, contra la reforma laboral y contra la guerra del Irak. No se impidió ninguna. Ni siquiera la huelga general para reventarle a Aznar su presidencia de la UE. Y en cuanto a lo otro, recuerdo bien cómo se llamaba «asesinos» a los del PP por lo de Irak, cómo se dijo en las manifestaciones del 12-M -incluida la de León- que «esto nos pasa (los atentados) por un gobierno facha», y que querían suspender las elecciones. «A la sede del PP. Pásalo». El ministro de Justicia debía estar, en aquel entonces, en otro sistema solar. La del sábado -por mucho que se empeñen los turiferarios mediáticos- no fue una manifestación contra el gobierno: fue, como las otras, una manifestación contra determinadas políticas del gobierno, que podían ser válidamente criticadas. Y en la calle, para que se viera. No es de recibo la argumentación de la vicepresidenta: no se obliga a nadie a hacer lo que no quiera, se reconocen derechos a quienes no los tenían. Como doña Teresa es jurista, debiera argumentar en un tono un poco más técnico y consistente, no con eslógans que no revisten la más elemental crítica. Veamos. Los derechos en los que nadie puede ser discriminado -hombre o mujer, homo u heterosexual- son los derechos fundamentales, recogidos en los artículos 14 a 29 de la Constitución. Y entre ellos ni está el de contraer matrimonio entre personas del mismo sexo ni la posible adopción por estas parejas. Si se concede por ley, se habrá tomado una decisión que a tribuirá un derecho, pero no un derecho fundamental. Dicho más claro: si no se reconoce tal derecho, no se habrá vulnerado ningún derecho fundamental de la persona. Paises de Europa con gran tradición democrática y liberal no lo reconocen y nadie dice allí que se vulneran derechos fundamentales. Conviene, por tanto, no presentar la cuestión como lo que no es. Si los homosexuales pueden intentar pacífica y democráticamente que se les reconozca el derecho a su unión, igual respeto merecen quienes no lo ven bien, por los motivos que sean, que cada cual tendrá los suyos. Puestos a opinar, tampoco se ve por qué a tales uniones se les ha de llamar matrimonio. Que esta institución quedaría devaluada es tan evidente que no necesita explicación, pero por si acaso, un ejemplo. Para llamarse médico hay que tener el título de Licenciado en Medicina y Cirugía. De otra manera, le pueden meter a uno en la cárcel. El que cura con hierbas, magnetismo u otros medios no contemplados en las disciplinas de la carrera, aunque cure, no puede llamarse médico. Buenos se pondrían los doctores. Pues eso.

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