Justicia en Roquetas

LA POLICÍA y la Guardia Civil gozan de merecido prestigio entre la ciudadanía española, como han puesto de relieve numerosos sondeos en los últimos años. Esto constituye, sin duda, una buena noticia. Sin embargo, un episodio como el ocurrido en el cuartel de la Guardia Civil de Roquetas de Mar (Almería) nos ha traído estos días ecos de aquellos tiempos oscuros en que las fuerzas encargadas de la represión no gozaban de igual estima, sino que causaban auténtico temor entre una buena parte de la población -sobre todo en aquellas aldeas apartadas en torno a las que sobrevivían escapados de más o menos renombre en nuestra posguerra civil-. Son las negruras de las que venimos, y por ello valoramos tanto la situación actual, que, sin ser perfecta -nunca lo es del todo-, tiene mucho de satisfactoria. Basta con echar un vistazo a la ausencia de escándalos recientes para trazar una línea favorable en las coordenadas de evolución. Lo ocurrido en el cuartel de Roquetas de Mar, que se saldó con la muerte del agricultor Juan Martínez Galdeano, está en manos de la justicia. A ella le corresponde investigar y juzgar el caso. Hasta el momento, los ciudadanos hemos visto la cara menos amable del asunto: el corporativismo de los guardias, eso que el ministro del Interior ha llamado «cierta resistencia a la investigación» y otras actitudes autoexculpatorias. Son reacciones que pueden provocar rechazo, pero que eran en estos momentoses que la investigación progrese y que la justicia aclare y depure las responsabilidades, sin excesos de ningún tipo, pero también sin consentir ninguna impunidad. Nuestras fuerzas de seguridad están fundamentalmente para protegernos y proteger la sociedad en la que convivimos y votamos libremente. Su deber de perseguir al malhechor, al delincuente, al terrorista, está en el eje crucial de su labor. Pero también lo está el deber de hacerlo conforme a las normas que nos hemos dado y que deben de ser suficientes para que puedan llevar a cabo su tarea con eficacia. Por eso, en este caso, está bien que el ministro del Interior, José Antonio Alonso, haya decidido dar explicaciones en el lugar adecuado como es el Congreso de los Diputados, y que los ciudadanos sepamos que en nuestro sistema lo que impera es la justicia, y que no hay lugar para la impunidad.