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FEDERICO ABASCAL
León

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UNA VEZ ALCANZADOS sus objetivos laicistas, el presidente Rodríguez Zapatero inicia esta misma semana, con el Consejo de Ministros del viernes, la segunda etapa de su Gobierno. Al margen de esos objetivos logrados, ZP hizo más, mucho más, como retirar de Irak las tropas españolas creando expectativas ciudadanas que le son muy favorables y, al mismo tiempo, enrareciendo ostensiblemente nuestras relaciones con Estados Unidos. Si la primera etapa le resultó barata a las arcas del Estado, la segunda va resultarle más cara al contribuyente. Porque no se trata ahora de reformas legislativas que amplíen, por ejemplo, el campo de los aspirantes a contraer matrimonio, institución en la que van a enredarse cada vez más destinos humanos, sino de acompañar las decisiones gubernamentales, tanto en Educación como en trazados ferroviarios, tanto en Sanidad como en pensiones, de la financiación correspondiente. Y ahí no se vencen resistencias sociales o corporativas, porque la resistencia la ponen los Presupuestos del Estado, que si se estiran mucho saltan sus muelles. El presidente Zapatero intenta que los Presupuestos del 2006 los aprueben todas las fuerzas políticas, excepto el PP obviamente. Pero si ganándose el voto favorable de CiU y del PNV rebaja las ínfulas del ERC, cuyo programa de máximos circunstanciales está representado y defendido por Carod-Rovira, el precio de ese apoyo habría de sumarse al que ya exigen los socios del Gobierno socialista de Cataluña, sostenes parlamentarios hasta ahora del Gobierno socialista del Estado. ZP va a enfrentarse esta vez a la contabilidad de los Presupuestos para ampliar sus respiraderos políticos, sabiendo que la contabilidad convierte la política en aritmética y que la aritmética es como es y no como se quiere que sea. Dicho de otra manera, los déficit acumulados por las autonomías en Sanidad no pueden saldarse mediante una partida presupuestaria, pues requieren un precio acuerdo autonómico/estatal sobre el modelo de financiación sanitaria, para el que está convocada la conferencia de los 17 presidentes el próximo septiembre. Y ahí se complica el asunto, porque una conferencia de esa dimensión territorial, en la que está representado todo el Estado autonómico, procurará que las reformas estatutarias en marcha o a la espera tengan como referencia un modelo de Estado que las encauce, y no que sean las ambiciones estatutarias las que encaucen el modelo de Estado. De la inteligencia y responsabilidad política de los presidentes territoriales cabría esperar que el problema que abren las reformas de varios estatutos no ciegue vías de solución a los déficits sanitarios, cuyo volumen mide la preocupación que generan, ni que la Sanidad pública sofoque las discrepancias sobre el modelo territorial. La segunda etapa de ZP podría resultar menos gallarda que la primera, en el sentido de que no se trata ya de envidar, o de lanzar un órdago, contra posiciones morales o dictámenes jurídicos, o de retirar del tablero de Irak la apuesta que hizo Aznar por Bush, sino del dinero que el Estado puede gastar y del concepto que una parte sustancial de la sociedad española tiene de España, a la que no querría ver organizada por quienes pretenden separarse de ella.

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