Dos años de crispación

HACE DOS AÑOS, la ciudadanía de este país estaba tratando de digerir la gran tragedia del 11-M, todavía cargada de graves incertidumbres, consciente de que poco después tendría que decidir su propio destino personal y colectivo en las urnas. Los pormenores y las tensiones de aquella difícil coyuntura, en que el Gobierno se obstinó en el error, son bien conocidos y no vale la pena regresar sobre ellos porque su sola evocación incrementa la desazón. Lo cierto es que el Partido Popular, que había disfrutado de mayoría absoluta, perdió contra pronóstico las elecciones, más por sus propias equivocaciones que por los méritos ajenos, merced a la potente movilización social que tuvo lugar aquel 14-M, en que, rivalidades aparte, las muchedumbres quisieron darse un baño de democracia. Formalmente, el candidato derrotado, Mariano Rajoy, aceptó de inmediato los resultados que le obligaban a situarse durante una legislatura a la cabeza de la oposición. Pero ni quien había sido en realidad causante directo de la derrota, José María Aznar, ni los colaboradores más directos de aquél digirieron la ofensa que les había infligido el cuerpo electoral. Rajoy, un personaje afable, irónico y con sentido del humor, ha tenido que contemporizar con los suyos y mostrarse histriónicamente indignado en un papel que no sabe representar. Pero esta representación era un requisito sine qua non para que los verdaderos dueños del aparato, con Aznar a la cabeza, avalasen su presencia al frente del partido y su candidatura a probar nuevamente suerte en 2008. Lo cierto es que lo sucedido en estos dos primeros años de legislatura no se entendería sin aquella aberración de origen, sin el hito dramático de partida, sin tomar en cuenta el dato de la gran conmoción que estuvo en el arranque del cuatrienio. El simple desarrollo de los acontecimientos, la pura dialéctica corriente entre poder y oposición, no podrían justificar ni la constante y grave crispación que ha reinado en todo momento ni el tono frecuentemente desaforado de la controversia, fueran los cuales fuesen los objetos del disenso. Es indiscutible que el nuevo Gobierno de Rodríguez Zapatero llegó al poder con un programa que, aunque moderado en el fondo, contenía algunos elementos radicales que habían de generar polémica. Sin embargo, ni las reformas emprendidas por el nuevo gobierno socialista ni el planteamiento de la reforma territorial que en Cataluña había sido apoyada por todas las fuerzas políticas salvo el PP, pueden justificar el irrespirable clima de enemistad política que se ha cernido sobre este país, ni la ruptura abrupta de todos los consensos de Estado que se mantuvieron mal que bien durante todas las etapas democráticas anteriores, ni la acrítica obstinación con que se defienden a veces, en el fragor del debate, posiciones que son absurdas o racionalmente indefendibles. Poco o nada, en fin, de lo que sucede se entendería sin tener en cuenta el estallido originario de la legislatura, que ha provocado indirectamente quiebras tan sensibles como la de los consensos territorial y antiterrorista. Por suerte, la democracia está perfectamente consolidada y no peligra, pero no es ni inteligente ni prudente mantener este estado de cosas, que deteriora el crédito de los partidos, mina el prestigio de quienes están a su cargo, aleja a la ciudadanía de la ceremonia pública y, por supuesto, perturba la proyección del Estado en todos los sentidos, también en la internacional. La función de la prensa ni de quienes estamos en ella no es aconsejar al Gobierno y a la oposición qué deben hacer ni qué estrategias han de seguir. Sí lo es advertir que esta tensión indecente que sobrevuela hoy todos los designios. Porque nadie debe creer que la opinión pública vive permanentemente engañada: la genial intuición de esta ciudadanía sabe asignar perfectamente las causas originarias a todas las estridencias que ve. Y yerran por tanto quienes piensan que entontecerán con gritos al cuerpo electoral.