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FRANCISCO CARANTOÑA ÁLVAREZ
León

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HACE 75 años una gran fiesta popular acogía el nacimiento de la Segunda República española, fruto de la victoria de las candidaturas republicanas en las elecciones municipales con las que Alfonso XIII pretendió encontrar una salida a la dictadura que él mismo había instalado poco más de siete años antes. Un Gobierno Provisional de amplio espectro, que por primera vez incluiría ministros socialistas en un gabinete español, presidido por un antiguo ministro de la monarquía, Niceto Alcalá Zamora, liberal moderado y católico practicante, y que tenía en el ministerio de Gobernación al hijo del más destacado líder conservador del primer tercio del siglo XX, será el encargado de convocar las lecciones más limpias y democráticas que nunca se hubiesen celebrado en España. De ellas salieron unas Cortes constituyentes con mayoría de centro izquierda, que elaboraron una Constitución que todavía nos sorprende por lo avanzado de muchos de sus preceptos. Gracias a ella, por ejemplo, nuestro país no sólo sería uno de los primeros en reconocer el derecho de voto a las mujeres, sino que su artículo 40, «Todos los españoles, sin distinción de sexo, son admisibles a los empleos y cargos públicos según su mérito y capacidad», consagraba constitucionalmente la igualdad entre hombres y mujeres. También establecía la igualdad entre los hijos nacidos fuera y dentro del matrimonio y prohibía que los segundos fuesen definidos como «ilegítimos». Por primera vez en nuestra historia se garantizaba la verdadera libertad de conciencia y de culto y se separaba a la Iglesia del Estado. Fue también la primera ocasión en la que se abrió el camino a la creación de comunidades autónomas. En ella se establecía la protección del «toda la riqueza artística e histórica del país», o se exigía la elaboración de una legislación social que protegiese a los trabajadores. Tengo muy vivo un recuerdo de mi adolescencia, durante la dictadura del general Franco, cuando leía con asombro un ejemplar de ese texto que guardaba, como un tesoro, el abuelo republicano de un buen amigo mío y me asombraba del retroceso que había supuesto el mezquino, intolerante, beato y brutal régimen del 18 de julio que entonces padecíamos. Ciertamente, la Constitución de 1931 recogía los valores democráticos que 47 años después asumiría una nueva Constitución que, a pesar de su carácter monárquico, debe mucho a su predecesora. Es, por tanto, un gran acierto que el presidente Rodríguez Zapatero haya reivindicado la Segunda República como un excepcional periodo democrático en una historia dominada por sistemas autoritarios y conservadores. También que recordase la vigencia de los valores que la inspiraron. Resulta sorprendente, en cambio, la agresiva reacción que provocó su intervención en el Senado entre los medios de comunicación y muchos políticos conservadores, que parecen incapaces de romper con la imagen de la República que intentó inculcar a la sociedad española la propaganda franquista. Es cierto que, aunque elogiemos a su Constitución, aunque valoremos el intento de modernización que supuso la actuación de sus gobiernos progresistas, aunque lamentemos que no se pudiese consolidar su política de modernización y generalización de la enseñanza, que tanto hubiese contribuido al progreso de España, no podemos olvidar que fue un periodo de gran agitación política y social y que desembocó en una terrible guerra civil. Ahora bien ¿fue responsabilidad de la República el estallido de la guerra civil? No creo que se le pueda atribuir al régimen político, ni a la Constitución. Incluso si aceptamos que fue un error la discriminación hacia las órdenes religiosas católicas, que les imposibilitaba el ejercicio de la enseñanza, no podemos considerar que se tratase de una medida que impidiera la libertad religiosa, ni que en sí misma pudiese convertirse en motivo suficiente para justificar un enfrentamiento civil. ¿Podría atribuirse el fracaso a los republicanos? Quizá con más razón, aunque no todos fueron iguales, ni se comportaron de la misma manera, pero los errores de determinados políticos no pueden servir para condenar a un sistema o a todo un periodo histórico. Es curioso que quienes lo hacen se olvidan de que si fue proclamada la República es porque un Rey, biznieto de otro perjuro, había violado la Constitución que previamente había jurado. ¿Son argumentos suficientes los comportamientos anticonstitucionales de Fernando VII y Alfonso XIII, o que las querellas dinásticas hayan provocado dos guerras civiles en la Edad Contemporánea, para afirmar que la monarquía debe ser condenada para siempre al pozo más negro de la historia? Seguro que no piensan eso quienes quieren que sólo se recuerde a la República para denigrarla. En cualquier caso, no fueron republicanos quienes se levantaron en armas en 1932 y 1936 y, con toda seguridad, no hubiera estallado la guerra si este último levantamiento no se hubiera producido, tampoco hubiera triunfado ninguna revolución. No hay ningún periodo de la historia de España que haya merecido tantos estudios y publicaciones de todo tipo como los ocho años en los que se desarrollaron la Segunda República y la Guerra Civil. Sin embargo, la polémica desatada por la intervención de Zapatero, la conmemoración del aniversario de la proclamación de la República y la promesa de promover una ley sobre la memoria histórica nos demuestran que la labor de los historiadores no ha sido suficiente para que la sociedad española se reconciliase con su pasado. Es curioso que un país que fue capaz de recordar recientemente, sin el más mínimo atisbo de crítica, a la reina que creó la más terrible Inquisición del mundo cristiano, que tan negativamente marcó la historia de España, o expulsó a los judíos en un acto bárbaro de profundas raíces racistas, como demuestra la exigencia de «limpieza de sangre» que se mantuvo durante centurias, no pueda mirar con serenidad hacia el intento de construir, hace ya 75 años, un régimen democrático, moderno y tolerante. No es mi intención caer en las mismas simplificaciones que he criticado en otros, por eso, aunque lo considero innecesario, quiero dejar bien claro que el rico y fundamental reinado de Isabel la Católica no puede reducirse a esos hechos, a pesar de la importancia que tuvieron. Sólo pretendo demostrar a lo que conduce el maniqueísmo. Creo que cuando ya han pasado más de treinta años de la muerte del dictador y casi se cumple la treintena de la celebración de las primeras elecciones democráticas, ha llegado la hora de recuperar nuestro pasado, de hacerlo como sociedad madura que ha asumido plenamente la democracia, sin miedos ni reservas. También de dignificar la memoria de los vencidos en la guerra y de las víctimas de la dictadura que la siguió.

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