La nacionalización de hidrocarburos en Bolivia

Lo que para el presidente de Bolivia, Evo Morales, ha sido acabar con el saqueo de los recursos por parte de las empresas petroleras internacionales, con el decreto número 28701, para Jaime Solares, máximo dirigente COB (una de las principales centrales obreras), es insuficiente, ya que, en vez de expulsar a las transnacionales que operan ilegalmente, «se les está dando otra oportunidad para seguir saqueando las riquezas naturales del país». Porque lo que se nacionalizó son las reservas, pero no la producción ni la comercialización de los hidrocarburos, que seguirá en manos de las petroleras que acepten las nuevas condiciones. Es decir todo tiene que ver con una presión para renegociar los contratos en condiciones un poco más favorables para Bolivia. Las empresas, que fueron entregadas gratuitamente en 1996, no serán confiscadas sino que sólo perderán unas décimas de sus acciones para que la estatal YPFB tenga el control. Por eso tiene razón Jaime Solares, el decreto de Evo Morales lo que en verdad hace es darles 180 días a las empresas petroleras (que estaban ilegales) para que se legalicen en el marco de esa ley 3058. Es decir no las expulsa sino que las obliga a pagar impuesto y regalías. De esta forma, Bolivia con el decreto 28701, ha recuperado algo de soberanía al fijar precios, un efímero control de sus antiguas empresas y ganará algunos millones de más por regalías, pero no se puede hablar de nacionalización porque los bloques y yacimientos siguen en manos de las multinacionales. Esto obviamente, es algo que no les gusta a las petroleras, al ser renacionalizadas las reservas, el estado boliviano tiene una mayor fuerza en el regateo de los nuevos contratos. En julio de 2004, más del 89% del la ciudadanía apoyó la nacionalización de los hidrocarburos mediante referéndum. El gobierno de Mesa miró a otro lado y la decisión no se aplicó nunca. En mayo de 2005, una nueva ley subió los diferentes impuestos a las empresas privadas, del 18% de antes al 50% y no en todos los campos. Esta postura resultó insuficiente para la sociedad civil. El estallido social de mayo del 2005, tuvo su detonante cuando salió a la luz que los contratos de las petroleras eran ilegales ya que no habían sido refrendados por el parlamento como lo exige la Constitución. El movimiento de masas boliviano exigió: ¡Fuera las petroleras, nacionalización sin pago de los hidrocarburos! La denominada «nacionalización» iniciada por el presidente Evo Morales pretende, pues, lograr para el estado el 82% de las utilidades en dos grandes pozos. El resto de campos continuarían con el 50% existente. Aparte ha nacionalizado algunas acciones para recuperar el control sobre algunas empresas privatizadas 10 años atrás. Todas estas medidas están sometidas a posibles negociaciones entre las partes. Aunque no les hace gracia el aumento de los impuestos, todas ellas (Repsol, Petrobras, British Petroleum, Vintage, Total, Enron, Shell, Panamerican), ya habían manifestado su disposición a adecuarse a esa ley. Y después de salido el decreto, Repsol-YPF afirmó que está dispuesta a renegociar los contratos con el gobierno boliviano. Las nuevas condiciones siguen siendo extremadamente ventajosas para las petroleras, aunque tengan que pagar el 50% de regalías: el gas que extraen en Bolivia por 1,9 dólar lo venden en el exterior a 9 dólares. Repsol sacaba un beneficio de uno a cien con la anterior ley, de modo que ahora, aunque los beneficios se reducirán, no dejará de ser todavía un negocio. Pero la diferencia es que ahora será Bolivia, a través de YPFB, quien fije los precios y comercialice la producción, algo trascendental teniendo en cuenta que Repsol fijaba el precio en un dólar por barril cuando en el mundo vale 70. Mientras esto pasaba en Bolivia, en otros países saltaba la alarma. España ha encabezado un vergonzoso y tergiversado ataque a nivel político y mediático. Hemos visto y leído a políticos de todos los colores, articulistas y tertulianos de mediodía, criticar al presidente Morales en nombre de los intereses de España, cuando Repsol es una empresa privada, que al igual que otras, ha obtenido buenos beneficios gracias a la explotación de los recursos naturales del pueblo boliviano, estando denunciada por contrabando, contaminación, invasión de territorios indígenas, estafas y muertes. Repsol está formada por accionistas nacionales y extranjeros, y en todo caso, el gobierno está defendiendo los intereses de un microscópico porcentaje de espa ñoles: los de siempre. Explota docenas de yacimiento y para ello no ha dudado de destrozar parques naturales o reservas ecológicas. Ha desplazado o incluso a veces eliminado sin ningún miramiento a comunidades indígenas y ha tratado de corromper a sus dirigentes para acallar cualquier tipo de protesta. Esta empresa practica políticas laborales miserables y recurre a la ingeniería financiera para evitar pagar impuestos, sobre todo, en los países más empobrecidos y, por tanto, con menos posibilidades de perseguir las posibles prácticas delictivas. En Bolivia fue acusada de contra bando. Indignante ha sido escuchar a Zapatero, Moratinos, Solana, Rajoy o algunas voces de la Cope. Socialistas unos y católicos los otros. Inmunes a la tragedia del pueble boliviano. Complacientes con el expolio de los recursos. Agresivos ante el ejercicio de soberanía y justicia de un pueblo masacrado, empobrecido y hambriento. Pocas veces se les ha visto señalar y desnudar la grave desigualdad y el comportamiento de las empresas transnacionales. Contrariamente tildan de populista a Morales y afirman que arruinará al país, como si el país no estuviera ya arruinado. Curioso país España, donde se acusa a Morales, mientras se premia a la duquesa de Alba o a Bill Gates. ¿Es justo que estas empresas ganen miles de millones de dólares aprovechándose de las concesiones que en su día le hicieron gobiernos corruptos sin contribuir con la mínima equidad al desarrollo de Bolivia? ¿Es justo que esas empresas campen por sus respetos sin el menor atisbo de responsabilidad social, obteniendo de forma tan egoísta e insolidaria sus millonarios beneficios? ¿No es justo, por el contrario, que un gobierno como el de Evo Morales trate de establecer unos límites elementales a esas prácticas y procure que los ciudadanos y las ciudadanas de Bolivia se beneficien en mayor medida de la explotación de sus recursos? ¿Alguien en su sano juicio puede hacernos creer que los intereses de Repsol coinciden con los de España? ¿Alguien que de verdad puede creer que los propietarios de Repsol tienen más derecho a seguir obteniendo beneficios sangrantes cuando los ciudadanos y ciudadanas de Bolivia están en la miseria? Los bolivianos tienen la razón y la justicia de su parte. Tienen derecho a disfrutar de condiciones más favorables en la explotación de sus recursos naturales y el ejercicio real del derecho soberano de Bolivia sobre sus propios recursos naturales. Por eso Evo Morales ha de ir más allá: lo que la sociedad civil ha planteado era la expulsión de las multinacionales y no sólo la renegociación de los contratos. Los trabajadores de Bolivia deben exigir a Evo que cumpla con las aspiraciones de quienes lo votaron, y avance en la nacionalización sin pago, bajo control de los trabajadores y trabajadoras, de todos los hidrocarburos y en la expulsión de las multinacionales que saquean al país. Lo mismo debemos exigir a quienes dicen querer acabar con el saqueo como Lula, Kirchner y Chávez.