Una libertad de escándalo

LA POLICÍA HIZO un excelente trabajo. Tuvo noticias de repetidos atracos a bancos por el mismo sistema: los ladrones se colaban por los conductos del aire acondicionado. Así llegaron a robar, por lo menos, en quince entidades. La policía montó un aparato de seguimiento y vigilancia y logró cazar a los cinco delincuentes cuando se disponían al atraco número 16. Misión cumplida, y felicitaciones de los ciudadanos. Lo normal sería, supongo, que esos cinco ciudadanos estuvieran en prisión. Sobre todo, pensando que uno de ellos disfruta de tercer grado penitenciario. Pero no: el señor juez los puso en libertad. Se ha cumplido literalmente el tópico: han entrado por una puerta y salieron por la otra. A partir d e ese desenlace, fiscales y policías se han metido en una guerra de acusaciones. Para la policía, el fiscal es un irresponsable. Para los fiscales, la policía no aportó las suficientes pruebas. La noticia de última hora es que Conde-Pumpido ha tenido que tomar cartas en el asunto, se ordena ahora la detención de los atracadores y se investiga al fiscal de la sospecha por su extraña actuación. Habría que investigar algo más: por qué ese señor declaró ayer que «normalmente» no se pide cárcel para atracadores, a menos que se trate de delitos financieros con grandes cantidades de dinero. Así se ha explicado. Para quedarse de piedra. Esos son los hechos y la parte visible del pintoresco suceso. Ante ello, el ciudadano contribuyente puede preguntar: ¿y a mí que me cuentan? A mí lo que me importa es que cinco atracadores fueron detenidos in fraganti y fueron puestos en libertad de inmediato. A mí lo que me importa es que existe un grave problema de seguridad ciudadana, y cuando se localiza y detiene a unos delincuentes, no se les mete en prisión. Me da igual que sea culpa de nuestro sistema garantista, de las previsiones legales o de fallos humanos. Lo que me interesa como contribuyente es el resultado. Y el resultado es la incuria, la falta de eficacia y un inquietante, insuperable, sentimiento de desprotección. Por tanto, las conclusiones sólo pueden ser éstas: si es culpa del fiscal, que lo empuren; si es defectuosa actuación del juez, que le abran expediente; si es cierto que la policía detiene, pero no aporta bien las pruebas, que les den cursillos de perfeccionamiento profesional; y si tenemos una ley demasiado favorable al sospechoso, que la cambien. Que hagan lo que sea, pero que no se repita nunca más ese espectáculo. Ahora que tanto se aplica el concepto de alarma social a todo, esto sí que causa alarma. Alarma y miedo. ¿Y saben lo peor? Que si un día se llega a sospechar que la Justicia no funciona, habrá gente que la empiece a tomar por su mano.