Operación Malaya II

EL NÚCLEO duro de la trama inmobiliaria marbellí no ha enmascarado sus complicidades, tremendo error en un aparato delictivo, y ahora se extiende la mancha de prevaricación, cohecho y soborno a treinta nuevas personalidades, algunas de ellas repetidas, por haber sido ya capturadas en la primera redada policial del pasado marzo y haber gozado de fugaz libertad bajo fianza. Mientras el asunto se centró en Marbella, con leves ramificaciones hacia la costa levantina, todo parecía la metáfora diferida de unos hábitos de gestión pública implantados con asombrosa impunidad por el fallecido Jesús Gil y Gil, un alcalde que convertía en oro la recalificación indebida de terrenos municipales. Y el oro llegaba a los funcionarios del ayuntamiento, a la mayoría de los concejales, a una alcaldesa posterior, ya encarcelada, a los constructores que se beneficiaron de los solares recalificados, a cambio de una sustanciosa comisión. En la operación Malaya II hay más drama, el fallecimiento incluso por crisis cardiaca de la mujer de uno de los detenidos y varios nombres relacionados, o por relacionar, con la prensa del corazón. Casi toda esta gente es del ladrillo, y da un no se qué hablar mal de ella cuando el crecimiento económico de España, reflejado en el PIB, le debe tanto, que es mucho. Si hubieran actuado estos constructores de actividades diversificadas con la honestidad que aconsejan las buenas costumbres, Marbella no sería probablemente una burla urbanística, pero el panel de nuestra macroeconomía no ofrecería datos tan alentadores. En el mundo del ladrillo son figuras de mucho postín y con fortunas sólo en parte sondeables, de ahí que hayan atraído y sigan atrayendo la atención de la Justicia, como se irá viendo en la sección informativa que los medios dedican a Tribunales. Y en esta segunda representación de Malaya I, las cárceles han vuelto a abrir sus puertas a estas personas que, en una barrera de la Maestranza, parecen soportes firmes de la nación española, pero que nada más hurgar el juez Miguel Ángel Torres en los falseamientos contables de la trama urbanística marbellí, se revelan como los grandes capos de una corrupción de tales proporciones, que se antoja muy difícil acabar con ella. Entre otras razones, porque se habría prohibido el paso a esas barracas de lujo, reservando el derecho de admisión, a personas honestas. Algún sociólogo o etnólogo, o incluso un moralista profesional, que los hay, debería estudiar si en un ambiente de corrupción absoluta, una parcela de honestidad es posible o si, por el contrario, la corrupción, al ser total, deja de parecerlo, y en ese ámbito, que parece muy respirable, el desprecio a la ley, a las medidas cautelares de los tribunales y al medio ambiente son simples escrúpulos de conciencia.