ETA humilla al Estado de Derecho

UNA NEGOCIACIÓN supone cesión de cada parte negociadora. El Estado de Derecho no admite negociación con quienes amenazan, extorsionan y matan. Lo más vergonzoso y humillante que puede hacer es ceder a las intenciones terroristas. Estaríamos ante la desintegración de lo que tanto ha costado construir. Nuestro Gobierno no puede servir en 'bandeja de plata' el anhelo terrorista respecto a «que ninguna legislación, ordenamiento jurídico ni Constitución sea obstáculo en el desarrollo de la decisión que mayoritariamente adopte el pueblo vasco». Así expuesto, estamos ante una vulgaridad de brutal tamaño, ya que supone la entrega de la iniciativa a la banda terrorista, la entrega de las llaves de la democracia, el secuestro de la judicatura, la desestabilización de los poderes básicos de un Estado de Derecho y la humillación general. El Gobierno sigue mintiendo, al no haber sido capaz de verificar que el terrorismo ha desaparecido realmente. Ese afán de seguir engañando a la ciudadanía es fruto de su inmadurez, así como de la falta de planificación gubernamental y del intento de querer pagar a ETA posibles deudas contraídas con anterioridad. Y es precisamente en este último aspecto donde surgen las dudas del ciudadano medio, la desconfianza de la sociedad en general y el temor al desmantelamiento del Estado de Derecho. La banda terrorista ha conseguido desestabilizar al actual Gobierno, arrinconarle por goleada en campo propio y hasta ha conseguido que se sienta ridiculizado ante los ciudadanos, con sonrisa postiza incluida; prueba de ello es que no ha parado la extorsión, continúan las amenazas brutales a empresarios del País Vasco-francés y de Burgos, exigen al Gobierno de la nación que paralice los mecanismos del Estado de Derecho, transportan armamento para su reorganización en territorio francés,¿ Pero el broche amenazante lo ha puesto el inclemente Txapote en el inicio del juicio por el asesinato de Miguel Ángel Blanco: «¿seguiremos luchando, sin renunciar a nuestros objetivos». Desde el respeto al Gobierno de Rodríguez Zapatero, pero desde el enfado más acentuado y manifiesto, hay que recordarle que cualquier trato con la banda requiere previamente la entrega de las armas por parte de esa, su disolución como organización delictiva y criminal, el arrepentimiento de sus integrantes y el paso por prisión para el cumplimiento íntegro de las penas. A todo lo indicado, hay que añadir que es imprescindible la aprobación de un nuevo Plan de Dispersión Penitenciaria para los integrantes de la banda; el actual no sirve por caduco y por haber sido desfigurado en su nefasta aplicación. Nada que decir del ministro del Interior, salvo que no inspira confianza ni a su propio equipo: con la falsa y pretendida negociación de la Logse -en el año 1989- nos decía una cosa en las reuniones y otra en la cafetería. Yo le recordaría a Alfredo aquella máxima del pensador libanés, Khalil Gibrán, que él bien conoce y que muchas veces he utilizado: «El lobo devora al cordero en la oscuridad de la noche, pero las manchas de sangre subsisten para acusarlo al día siguiente». Frente al sentimiento de estar hipotecados con la actitud mantenida por el presidente del Gobierno y sus dubitativos asesores, elegidos para formar la «mesa por la paz» -la mal llamada paz, puesto que no hay guerra- es digna de elogio la medida adoptada por la Junta de Castilla y León, como forma de recordar y reconocer a quienes defendieron las libertades y los derechos de la ciudadanía. Si tenemos presente que cerca de doscientos castellanos y leoneses han perdido su vida por acciones terroristas y en defensa de los valores democráticos, sería importancia hemos de otorgar a la línea de ayudas establecidas por la máxima institución de la comunidad en forma de subvenciones y rebajas fiscales en aspectos de tanto interés para la ciudadanía como son la vivienda y la educación. Máximo interés supondrá el hecho de que esas líneas de ayuda se extiendan a la inserción laboral de los hijos de víctimas del terrorismo; aspecto éste que ha tenido su iniciativa en la Asociación de Víctimas del Terrorismo, como una forma de tener presentes a quienes fueron heridos, masacrados, humillados o asesinados por cualquier forma de terrorismo. Por fin, la Junta de Castilla y León hace una propuesta seria e interesante, aunque la cantidad asignada a la AVT para realizar actividades es casi ridícula, ya que se queda en ciento cincuenta mil euros. Sin duda, las comunidades gobernadas por el principal partido de oposición extenderán este tipo de iniciativas que, a decir verdad, aunque lleven una impronta política, siempre serán recibidas. De momento, el siempre «victimista» presidente de la Junta de Castilla y León ha apoyado una iniciativa muy interesante, cuyo autor resulta ser su particular «apafuegos», como se conoce por estos lares a su consejero de Presidencia y Administración Territorial.