Ley de Montes y propaganda

EL PASADO 31 de mayo, durante la celebración de un pleno ordinario del Ayuntamiento de Astorga, el Grupo Municipal del PSOE, partido que gobierna en minoría éste ayuntamiento, presentó a través de su portavoz, Luis Álvarez, una moción relativa al Anteproyecto de Ley de Montes de Castilla y León. El portavoz socialista, se limitó a dar lectura a un texto corto en el que sin justificación, ni explicación alguna, se tachaba el Anteproyecto de intolerable e intervencionista y se proponía al Pleno la adopción de un acuerdo en el que se instara a la Junta de Castilla y León a la retirada del mismo y la elaboración de uno nuevo dando participación tanto a las fuerzas políticas como a los propietarios forestales, especialmente a las Entidades Locales. En el debate posterior a la presentación, tuve el honor como miembro de la Corporación, de rebatir esta proposición socialista. Comencé preguntando al ponente si era conocedor del susodicho anteproyecto, a lo que respondió que en una ocasión había acudido a una charla sobre este tema pero que no había leído el texto. Sorprendente, el portavoz municipal del PSOE y teniente de alcalde de Astorga, presenta una moción respecto de un tema sobre el que posteriormente reconoce no tener ni idea. En un momento del debate, intervino Victorina Alonso, concejal de este Ayuntamiento y procuradora regional del PSOE, quien en defensa de la moción presentada denuncia lo mala que sería esta Ley justificando como aspecto más relevante y problema fundamental, que «mediante este Anteproyecto se pretendía crear un ente privado para gestionar los montes», (recogido en el acta de la sesión nº 5/2006). Más sorprendente todavía, la procuradora Alonso se retrató a sí misma; inmediatamente le solicité que me dijera que artículo o disposición del Anteproyecto se refería a la creación del citado ente privado; ¡como no podía ser de otra manera no supo responder! Si un portavoz municipal y una procuradora regional socialistas demuestran un total desconocimiento del anteproyecto, ¿qué mensaje es el que trasladan a los ciudadanos? De esta forma, se entienden afirmaciones como que «la Junta se quiere apropiar de los montes» o denunciar «las ansias recaudadoras de Valladolid» y tachar la Ley de «intervencionista»; ya saben Uds., desde el desconocimiento, se puede afirmar cualquier cosa. Pero lo peor de todo, lo que deja a las claras el talante socialista, es la instrumentalización de juntas vecinales y ayuntamientos. Estas entidades las utilizan para hacer públicos, documentos de propaganda socialista. Volviendo al anteproyecto, quizás el artículo más polémico del mismo, haya sido el nº 2. Este artículo define el concepto de monte y en su segundo apartado letra c), establece que los terrenos de uso agrícola que hubieran sido abandonados por plazo superior a 20 años y que hayan adquirido signos inequívocos de su estado forestal, tendrán la consideración de monte. Esta definición puede tener múltiples interpretaciones, una de estas puede ser la de una persona que bien por desconocimiento o por mala fe, desvirtúe el significado del mismo y lance a los cuatro vientos que las tierras que lleven más de 20 años sin cultivar la Junta las declara monte y su propietario se queda sin ellas y para más inri lleva con sigo unas hojas de recogida de firmas para que el amedrentado paisano le firme de inmediato. Otra de las interpretaciones que se puede dar a este artículo, sería de una persona conocedora del tema, que entiende perfectamente que es lo que se pretende expresar mediante esta definición y el porqué de la fijación de este plazo. La Ley 43/2003 de Montes, aprobada por las Cortes Generales y por tanto Básica y de obligado cumplimiento en cuanto a su desarrollo por las comunidades autónomas, define en su artículo 5 como monte todo terreno rústico cubierto de vegetación forestal, según lo cual cualquier terreno cultivado que se llene de escobas pasaría a tener la consideración de forestal. Por lo tanto lo que se establece en el artículo 2.2.c) del Anteproyecto de Ley de Montes de Castilla y León, es que no va a ser suficiente con que un terreno se llene de escobas, sino que tendrán que pasar un mínimo de 20 años para que se pueda considerar monte. Y por supuesto, esto no significa que a nadie le quiten su finca por que se llene de escobas. Otro aspecto polémico de Anteproyecto, ha sido las competencias que la futura Ley atribuye a la Junta de Castilla y León, y en la que algunos ven el fin de las juntas vecinales aduciendo que la administración usurpa funciones a estas entidades. Nada más lejos de la realidad, este Anteproyecto mantiene vigentes aspectos tan importantes como el de los aprovechamientos en los montes de utilidad pública vigentes desde hace más de 100 años, manteniendo el reparto de papeles entre administración y entidades propietarias que nunca ha planteado problema alguno y que ha posibilitado que ha día de hoy en nuestra provincia haya más de 650.000 hectáreas de montes catalogados como de utilidad pública. Sin duda resulta curioso que se tache de intervencionista e intolerable, un Anteproyecto que faculta y dota de la misma capacidad de decisión, a todas las entidades propietarias por igual, ya se trate de un ayuntamiento importante o de la pedanía más pequeña de León Dentro de algunos días comenzará la tramitación parlamentaria de esta Ley, su aprobación permitirá que la gestión de los montes siga siendo como hasta ahora, compartida por administración y entidades propietarias, trabajando codo con codo tanto para la conservación de unos montes esenciales para la economía de sus propietarios, como necesarios para el resto de la sociedad. Por último, quiero creer que no todos los cargos institucionales del PSOE muestren el desconocimiento de sus compañeros de Astorga sobre el anteproyecto de Ley de Montes, por lo que no entiendo el porqué de las interpretaciones sesgadas del articulado, la utilización política de las Instituciones o el engaño a los ciudadanos. A propósito, la moción salió adelante por el voto a favor del grupo socialista y de la UPL.