La última injusticia

YA TENEMOS Ley de Dependencia. Tardaremos años en verla en su plena vigencia. Quizá nunca alcance el ideal de que no haya un solo dependiente sin atención pública, ni una sola persona que les ayude sin justa percepción económica. El gasto social que supone -el más ambicioso que hasta ahora asumieron las administraciones públicas-- y el entramado de obligaciones y acuerdos entre entidades a que obliga, hace de ella una norma de lenta, difícil y compleja aplicación. Anotadas esas reservas, cuando se asiste a una votación como la de ayer en el Congreso, es posible reconciliarse con la política española. Primero, por las necesidades que intenta resolver. Aquí no se trata sólo de atender a los disminuidos físicos, que son los dependientes por excelencia; los que menos se pueden valer por sí mismos. Se trata de atender a los ancianos, cuya frecuente muerte en soledad, sobre todo en las ciudades, es una bofetada para quienes creemos vivir en la sociedad del bienestar. El aumento de la esperanza de vida y el consiguiente envejecimiento han creado una tercera edad acomodada en lo económico, pero necesitada de más atención médica y desastida en su vida ordinaria. No hay centros de atención suficientes ni asequibles para economías de clase media. No se ha conseguido hacer compatibles los horarios laborales y los de atención a las personas que viven bajo el mismo techo. Los dependientes son la última injusticia de la sociedad opulenta. Y segundo, por cómo ha sido elaborada. Esta Ley sale camino del Boletín Oficial como fruto de una idea socialista, pero también como resultado de la negociación entre el Ministerio de Trabajo y el Partido Popular. Lo ilustra una pequeña anécdota: el mismo día que Ana Pastor copió el modelo Aznar y le dijo al ministro en el Congreso «váyase, señor Caldera, váyase», la diputada del PP fue vista en la «planta noble» del ministerio. Pensé: Caldera le ha reclamado explicaciones por esa petición de dimisión. Y no era así: después de una sesión tensa, de enfrentamiento bronco, Ana Pastor iba a negociar aspectos concretos de la Ley de Dependencia. Entre paréntesis: sus aportaciones fueron aceptadas. Cuando dialogan, se entienden. Son capaces de construir algo juntos. Y en esta ley han coincidido la tenacidad de Ana Pastor, la necesidad del ministro, la importancia del proyecto y la obligación de contar con el partido que gobierna tantos municipios y autonomías. Es evidente que, o había pacto, o la ley nacería muerta. Lástima que la misma filosofía de entendimiento no funcione para otras cuestiones de trascendencia histórica, como es la desaparición de ETA, el modelo territorial o la política del agua. Lástima. Este país sería mucho mejor.