La reforma del Estatuto

EN ESTA huida hacia la nada en la que los políticos nos han metido a los españoles en esta legislatura con las reformas de la Constitución y de los Estatutos, le ha tocado ahora el turno al de Castilla y León. El pasado miércoles se aprobaba la reforma del nuevo Estatuto, que esta semana inicia su tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados. Ninguno de los dos grandes partidos de la comunidad llevaba en su programa electoral tal reforma, pero una vez abierto el melón por Rodríguez Zapatero nadie quiere ser el último, por lo del adagio. No importa que la reforma, como en Cataluña o en Andalucía, sea algo que traiga sin cuidado a la mayoría de los ciudadanos; son los políticos los únicos interesados en llevarla a cabo. La razón principal -sin duda hay otras que se me escapan- es porque otros lo han hecho antes y no vamos a ser los castellanos y leoneses menos que catalanes, andaluces o valencianos. Se trata evidentemente de una razón inapelable. Lo más positivo ha sido, en esta ocasión, que excepto en algunos rifirrafes de cara a la galería, los dos grandes partidos se han puesto de acuerdo en lo sustancial, por lo que se puede decir que ha sido, hasta ahora, el estatuto que más apoyos parlamentarios ha logrado, 78 a favor, uno en contra (el de la UPL) y otro desaparecido (el de Rodríguez de Francisco). Populares y socialistas han buscado, como no podía ser de otro modo con el peso que el PP tiene en las Cortes regionales, su constitucionalidad y su lealtad al Estado; pero al mismo tiempo han pactado un amplio desarrollo competencial para poner a Castilla y León al mismo nivel que el de otras comunidades. Dudo que esto se consiga sólo con leyes pero bueno está el intentarlo, porque de lo contrario problemas como los de la despoblación, la falta de alternativas para los jóvenes, la crisis agrícola, minera e industrial pueden hacer inviable la comunidad. Por eso lograr que el Estado, en temas como el la financiación de las autonomías, tenga en cuenta criterios de dispersión de la población y extensión territorial es vital para una comunidad como la nuestra. La reforma no se planteó la creación de una realidad nacional castellanoleonesa; al contrario, como ya estamos acostumbrados, los leonesistas propusieron una vez más la división de la comunidad en dos, Castilla por una parte y León por otra; aunque bien mirado podrían haber sido tres, Segovia y su acueducto, o cuatro, la Soria lejana y sola que cantara Machado. Ya habrá nuevas ocasiones; mientras tantos los ínclitos asesores y asesoras, sobre todo estas últimas, han conseguido, después de presentar Joaquín Otero 129 enmiendas, el éxito del reconocimiento de la y copulativa de Castilla Y León, y que en el preámbulo se lanzen algunos guiños respecto de la singularidad leonesa, por ejemplo que se hable de León cabeza de no se sabe cuantos reinos medievales y otras glorias por el estilo, además del reconocimiento del leonés como patrimonio lingüístico de la comunidad y el papel institucional del Bierzo. Populares y socialistas, en cambio, han aprobado que el estatuto defina a la nuestra como una «comunidad histórica y cultural que tiene su origen en los antiguos reinos de León y Castilla, que contribuyeron de modo decisivo a la formación de España»; es un paso, luego vendrán los otros, lo de la realidad nacional, la nación y lo que sea, aunque ahora Herrera ha sido muy explícito en que la reforma se enmarca en la constitución y la pertenencia a una nación única e indivisible ¡No está mal!. Los leonistas hablan de que se ha perdido una ocasión histórica en el reconocimiento de dos identidades regionales, y culpan al PP y PSOE; pero son poco proclives a reconocer sus propias culpas ¿No hubiera sido más provechoso para León y más razonable el incluir enmiendas menos tajantes y radicales, y más prácticas? Pero eso requeriría aceptar la comunidad de Casti lla y León y eso a la larga los dejería sin discurso; están atados a un destino ineluctable.