Kosovo

COMO era de suponer, la cuestión de Kosovo se convierte no sólo, y de nuevo, en la «cuestión serbia», como se decía a principios del siglo XX, sino que el futuro del territorio va a convertirse a toda velocidad en una controversia más entre la Federación Rusa y los Estados Unidos y sus socios. El jueves un diario de Prístina, la capital de la provincia, publicó un informe y se confirma que, magistralmente, se da la independencia de hecho a la provincia sin que la palabra figure allí para nada. Como tampoco está «soberanía». Eso, y el conjunto del trabajo concienzudo del antiguo presidente de Finlandia y su equipo, merece un elogio y traduce su vocación de alcanzar la cuadratura del círculo: contentar a todos. Es imposible y, de hecho, el contenido profundo del informe separa a Kosovo, cuna de la historia serbia, de la Serbia internacionalmente reconocida. Y la deja en una posición en la que, sencillamente, si el gobierno autónomo declarara la independencia formal, sería reconocido por los Estados Unidos y muchos países europeos. Kostunica ha convertido la no aceptación de las propuestas de Ahtisaari, que serán debatidas ahora en Belgrado y Prístina, enviadas a la Unión Europea y, finalmente, registradas en la ONU, en una cuestión de gabinete y de orden interno. Él tiene la llave para formar un gobierno capaz de dejar de nuevo al margen a los ultranacionalistas de Vojislav Seselj, el partido más votado, pero advierte que solo lo presidirá si ese ejecutivo asume que romperá relaciones con todo Estado que reconozca la (eventual) independencia de Kosovo. Algo que en Washington importa muy poco¿ La tan esperada ley 44/2006, de 29 de diciembre sobre la «mejora de la protección de los consumidores y usuarios», publicada en el Boletín Oficial del Estado del 30 de diciembre, trata de dar respuesta a una serie de quejas que las diferentes organizaciones de consumidores vienen planteando desde hace tiempo. Este texto legislativo modifica la Ley General 26/1984, de 19 de julio, para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, sancionando las cláusulas abusivas en los contratos de adhesión y, sobre todo, prohibiendo el redondeo al alza. Así, la nueva cláusula 7 bis de la disposición adicional primera determina claramente que tendrán carácter de abusivas: «Las estipulaciones que pr evean el redondeo al alza en el tiempo consumido o en el precio de los productos o servicios o cualquier otra estipulación que prevea el cobro por productos o servicios no efectivamente usados o consumidos de manera efectiva.» Afecta esta norma, de forma destacada, a la factura de la telefonía fija y móvil, un servicio, este último, al que nos hemos acostumbrado tanto que en muchos casos ha acabado por transformarse en una dependencia casi enfermiza. Es esta dependencia la que explica la fuerte polémica suscitada por el incremento de las tarifas de las operadoras de telefonía móvil, justo cuando se prohíbe el redondeo, y las sucesivas convocatorias para boicotear a estas empresas. Resulta paradójico que la reducción en el consumo que es, en definitiva, la única forma que tiene el ciudadano y cliente para protestar por los excesos a los que se ve sometido, no se haya ejercido en contra de muchos otros incrementos de precios en productos de mayor necesidad. El «pan y circo» que los romanos se preocupaban en suministrar al pueblo para mantenerlo tranquilo se han transformado en el «fútbol, televisión basura y comunicación telefónica» de nuestros días, de tal manera que sólo si surgen anomalías en estos productos de «consumo» se provoca alguna reacción de las masas. Lástima que en la época en la que se reconocen más derechos al ciudadano y se tiene más información no seamos capaces también de protestar todos juntos de forma eficaz por el alza del precio de la electricidad, los combustibles, las comisiones bancarias o el pan.