La otra cara del talante

DE LOS tres poderes del Estado, sólo el judicial dispensaría actualmente al PP una cierta actitud hospitalaria. Esa actitud de la Judicatura, sólo supuesta, inspira a los analistas de uno u otro signo interpretaciones apasionadamente políticas. Y ya se habla, desde horas antes del nombramiento oficial del nuevo ministro de Justicia, de un pulso entre la oposición popular y el Gobierno sobre un terreno que deberían mantener acotado los jueces, prohibiendo la entrada a los partidos. Los partidos, sin embargo, se sienten representados en el poder judicial por los magistrados que apadrinan, y sin que hasta ahora esos magistrados hayan hecho gran esfuerzo, salvo raras excepciones, por distanciar su labor específica de presuntas influencias que debieran serles extrañas. Como el parlamento erige unanimidades contra la mayoría de iniciativas del grupo popular, el PP no ha conseguido desgastar seriamente al Gobierno, sobrado de apoyos en el Congreso y habiendo salido, si no airoso, al menos ileso de los durísimos y a veces brillantes ataques de Mariano Rajoy. El poder legislativo parece así inhóspito para la estrategia de oposición parlamentaria que se diseña en Génova 13. Bien es cierto que en un par de ocasiones, el presidente Zapatero ha brindado a Rajoy la oportunidad de golpearle sin piedad, pero el líder del PP habría añadido inoportunamente a la impiedad una dosis masiva de descomedimiento, saliendo malparado del trance. Antes de que la batalla política se desplazara lamentablemente al campo judicial, el PP venía intentando explotar, a su favor obviamente, el espacio ciudadano de la calle, donde tantas escaramuzas se han ganado y perdido. Pero las manifestaciones y concentraciones multitudinarias, a las que se han adherido en algún caso nuestras más altas jerarquías eclesiales y asociaciones educativas con intereses privados, y casi siempre la asociación mayoritaria de las víctimas del terrorismo, no han erosionado al Gobierno, al menos visiblemente. Pero el PP no piensa abandonar la calle, y ello porque ha descubierto algo evidente: sólo en la calle pueden esgrimirse como propios los símbolos del Estado, la bandera rojigualda y el himno nacional, que fuera del PP no tendrían partidarios, lo que no es cierto. Ese nacionalismo patrio que utiliza el PP desde la última marcha contra la negociación con ETA puede darle resultado electoral, o no, según se sienta de nacionalista la sociedad españoa. Lo que sí está claro es que la bandera y el himno, además de enardecer a la militancia «popular», la fidelizan. Pero donde el Gobierno le ha respondido al PP con un arma que no estaba en el polvorín del talante, es en el ámbito de la Justicia, con el nuevo ministro, el fiscal Mariano Fernández Bermejo, de quien se resalta su bravura profesional, pero sobre cuyas cualidades conciliadoras se admiten dudas. Lo que pocas dudas admite es que Zapatero, tras la recusación por el Tribunal Constitucional del magistrado Pérez Tremps, se ha remangado la camisa y tensado los músculos para aceptar el pulso que los jueces conservadores le están echando a las principales iniciativas del Gobierno. Lo malo es que se trata de un pulso institucional, del que nunca podría salir beneficiado el Estado, por muchas victorias que vayan cantando los contendientes.