El interrumpido proceso autonómico leonés

QUISIERA lanzar unas preguntas y recordar algunos datos para que ustedes, lectores y lectoras leoneses, reflexionen. Primero las preguntas. ¿Dónde se deciden los asuntos de León y los leoneses? ¿Dónde se decide la configuración, modificación, explotación, etcétera de nuestros montes, campos y paisajes? ¿Quién decide dónde y cómo se hace una explotación a cielo abierto, una gravera, un parque eólico, etcétera en nuestro suelo? ¿Quién decide cómo se gestionan nuestros recursos hídricos, forestales, agrícolas, mineros, energéticos, etcétera? ¿Quién gestiona la política territorial, parques naturales, hospitales, la distribución de nuestra población, o despoblación, los servicios que se otorgan a unas zonas y se niegan a otras? ¿Quién decide dónde, cuándo y cómo se instala una industria, empresa o gran superficie en n uestro territorio? ¿Quién gestiona nuestro patrimonio cultural, histórico, arquitectónico y artístico? ¿Quién viene a inaugurar cosas cada dos por tres pero luego no suelta un duro para hacer que funcionen? ¿Quién gestiona los impuestos que pagamos? Ahora algunos datos. El señor Julio César Rodrigo de Santiago, senador en la primera legislatura democrática por UCD y después presidente de la Diputación provincial de León, siguiendo los dictados de su partido y de su jefe Rodolfo Martín Villa apoyó la inclusión de la provincia de León en el ente Castilla-León el 16 de abril 1980. Sin embargo en el año 1983, después de tres años de experimentar la ineficacia, desidia y falta de fe en el proyecto, Rodrigo de Santiago y los demás constatan que fue un error estar con Castilla y así, el 13 de enero de 1983, con la UCD ya sin poder ni cúpula para dirigir a sus políticos, la Diputación leonesa acuerda por amplia mayoría apoyar la creación de una autonomía leonesa fuera del conglomerado Castilla-León, teniendo además la experiencia de que otras autonomías uniprovinciales estaban funcionando ya aceptablemente en aquellos momentos. La moción aprobada con 22 votos a favor (21 de UCD y 1 de AP) y 4 en contra (3 del PSOE y 1 del PCE) suponía dejar sin efecto el acuerdo anterior que promovía la integración de León en Castilla e iniciar el proceso para conseguir la autonomía uniprovincial para León. Los principales ayuntamientos secundan este posicionamiento y hacen frente común con la corporación provincial, como no podía ser menos. En el año siguiente, el 4 de mayo de 1984 se convoca una más de las manifestaciones en las que el pueblo leonés habló en aquellos años, en concreto 35.000 personas según los m edios de comunicación, 90.000, según la Policía Municipal de León. Lo q ue dijo el pueblo leonés en aquella ocasión fue que quería una autonomía leonesa, León solo. Es de destacar que en aquellos años había una gran confusión y los partidos políticos cambiaban con frecuencia de opinión, pero podemos afirmar que, en el año 1983 el centro-derecha (UCD y AP) estaba a favor de una autonomía para León y por otro, la izquierda (PSOE y PCE) estaba a favor de una gran autonomía Castellanoleonesa. Evidentemente la UCD no era ya el partido mayoritario habiendo sufrido la debacle de 1982, por lo que, desaparecido Martín Villa, los políticos centristas se consideraban libres de opinar y apoyar lo que su entendimiento les aconsejase. También hay que recordar que políticos leoneses de todos los partidos y tendencias, en un momento u otro, abogaron por la autonomía leonesa y se llamaron a sí mismos leonesistas. Recordemos algunos de los que asistieron a aquella manifestación del 84: Juan Morano (Independiente), José Calderón Llamas (AP), Mario Amilivia (AP), Juan Garzo (Prepal), Antonio Geijo (PDP), Iglesias Carreño (Prepal), Javier Aguayo (Pasoc), Óscar Vidal (GAL). Recordemos también aquella pancarta que exhibían un grupo de manifestantes con el texto: «Somos socialistas pero antes leonesistas». Por otro lado y teniendo en cuenta los intereses de los partidos en aquellos años hay que recordar porqué en esta autonomía no se consultó al pueblo en ningún momento. Cuando la UCD estaba en la cima de su poderío, año 1979, se opuso a la vía del artículo 151 ( la de País Vasco, Cataluña y Galicia), mientras que el PSOE, en minoría, sí que apoyaba esta vía y defendía un plebiscito popular, solo por llevar la contraria al centro-derecha, no por espíritu democrático, por supuesto. Por otra parte recordemos también que los socialistas cuando gobernaron la autonomía suscribieron el proyecto del vallisoletano José Constantino Nalda que recortaba las atribuciones y competencias de las diputaciones provinciales. Tomen nota. Hay que recordar las promesas incumplidas por unos y otros: tanto la Federación Socialista Leonesa como los procuradores de Alianza Popular, en diferentes momentos, prometen para León la capitalidad del ente castellanoleonés, proponiendo incluso el Hostal de San Marcos como sede. A Burgos se le prometió algo parecido (Burgos Cabeza de Castilla) para acallar a los castellanistas. Al final ni Burgos ni León, ni Castilla ni León. Valladolid acaparó todo, sin ser nada. Ahora anuncian que ésta es la última legislatura en el Castillo de Fuensaldaña, la próxima ya se desarrollará en un edificio nuevo en la ciudad del Pisuerga. Demetrio Madrid dio el primer paso, José María Aznar impulsó Valladolid como única capital, Juan José Lucas desarrolló una operación propagandística abrumadora en pos de la «conciencia regional castellanoleonesa» con la fundación Villalar como ariete y finalmente Herrera pretende echar el último candado con su reforma estatutaria. El Tribunal Constitucional dictaminó sentencia el 28 de septiembre de 1984, publicada en el BOE el 31 de octubre. Dicha sentencia obvió los acuerdos de los ayuntamientos leoneses, los cuales se habían mostrado mayoritariamente favorables a la autonomía leonesa, y solamente se circunscribió a valorar el acuerdo adoptado por la Diputación Provincial de León de 13 de enero de 1983 (que revocaba el de 16 de abril de 1980). En aquella sentencia el TC niega la capacidad de Ayuntamientos y Diputaciones para volverse atrás de decisiones adoptadas con anterioridad. Es decir, que León, una vez integrado en la autonomía Castellanoleonesa, en contra de la opinión del pueblo y por «razones de estado», había perdido su propia capacidad de decisión política, aunque la máxima institución provincial, única representante del pueblo leonés en aquel momento, intentara hacer valer sus poderes. La desesperanza y desánimo que cundió entre los leoneses aquellos días todavía se aprecia hoy, por eso es bueno recordar y es bueno decir que ya no estamos en los años ochenta, que es mentira que no se pueda remediar el error, que sólo es la oligarquía que manda en Valladolid la que se beneficia con el actual estado de cosas y que hoy tenemos que hacer valer nuestra opinión y nuestros deseos porque es la única manera de ser iguales al resto de españoles. Hasta hoy hemos sido inferiores, ignorados y acallados. ¿Queremos seguir siéndolo?