Cataluña se va

HA SUCEDIDO lo que se temió durante la redacción del Estatuto catalán y que terminó por descartarse por parecer algo excesivamente provocador y claramente anticonstitucional. Me refiero a la creación de una agencia tributaria con competencias en impuestos de carácter estatal. Los de sociedades, por ejemplo. Un Estatuto, amparador de esas funciones, habría encontrado dificultades insuperables desde el punto de vista constitucional. Ninguno de los treinta artículos recurridos por el Partido Popular ante el Tribunal Constitucional tiene la gravedad de esta intromisión en las funciones privativas del Estado. Por lo mismo ¿no resulta aún más escandaloso que lo que no cupo en el Estatuto se lleve ahora por el atajo de una ley votada en el Parlamento catalán? Estamos ante un asalto al Estado, ante un desafío a la soberanía estatal. Estamos ante la conversión de la Nación catalana, vergonzantemente reconocida en el Preámbulo del Estatuto, en un Estado. Llama la atención el carácter provocador del Gobierno de la Generalidad, no solamente por el contenido de la Ley sino por la ocasión elegida. Se anuncia en unos momentos críticos para el Estatuto, en la medida que la opinión pública está esperando la decisión del Tribunal Constitucional. Se diría que las tres formaciones políticas que están en el Gobierno, con el apoyo de Convergencia y Unión, han tomado la decisión de avanzar por caminos que nada tienen que ver con el Estado de Derecho. Ante esta provocación institucional de primer orden, el vicepresidente Solbes ha tenido un primer movimiento retráctil. Se ha negado a definirse en contra. Sin embargo el Gobierno tendrá que responder. Aunque no cabe deducir que precisamente en sentido negativo a pesar de que la aceptación de la vía parlamentaria regional para definir el modelo de Estado sea el final de éste. Zapatero nos ha embarcado en una verdadera revolución. Las más altas instituciones se pliegan al Ejecutivo. El Derecho se define en la Moncloa. Se trataría así de un leninismo tan blando como real. ¿Cabe una mayor prueba del servilismo de las instituciones que el demostrado por el Tribunal Constitucional al perseguir al PP por haber recurrido treinta artículos del Estatuto catalán basándose en que estos son similares a otros tantos del Estatuto andaluz? Decídase en el sentido que sea en relación con la constitucionalidad del texto catalán que ya habrá ocasión de hacerlo con el andaluz. En esta línea de disparates y oportunismo, Hermosín ha defendido la soberanía del Parlamento catalán a la hora de