La solución de la chequera

¿HACE falta decirlo? Creo que no, pero repitámoslo una vez más, como si fuera la primera vez: el derecho a la vivienda es un derecho constitucional, y lo sería aunque no figurase escrito en la Constitución. El acceso a una casa en alquiler o propiedad es una de las aspiraciones elementales de la persona. Sin embargo, tal derecho y tal aspiración se convierten en un drama para muchos ciudadanos, especialmente los jóvenes. Por tanto, el Estado tiene la obligación de actuar, facilitando el ejercicio del derecho y dulcificando las condiciones de mercado que lo hacen imposible. Supongo que, con todos los matices, la mayoría estamos de acuerdo en estos principios. La discrepancia empieza en cómo se actúa. Para los liberales del PP, basta con extender la libertad del mercado y disponer de más suelo edificable. Para el socialista Manuel Chaves, lo mejor es garantizar vivienda a quien gane menos de 3.000 euros al mes. Y para el gobierno de España, hay que acudir a la vía directa de la ayuda, que es lo que hicieron ayer Zapatero y la ministra Carmen Chacón. Como el gobierno es quien marca la política general, sólo su propuesta puede prosperar en el corto plazo. Y va a prosperar porque, por una vez, se sabe cuánto va a costar. Con ese realismo, doy la bienvenida a las medidas, lamento que tengan que ser tachadas de electoralistas, y les deseo mucha suerte: ojalá calmen el hambre de vivienda que siente la sociedad. Pero ese aprobado no puede impedir una reflexión: estamos haciendo una economía falsa. Por lo menos, la estamos falsificando. En vez de tener una juventud correctamente pagada para que pueda acceder a la vivienda, se permite que se le pague mal, y el Estado pone la diferencia. En vez de dar garantías jurídicas al propietario, el Estado pone el dinero de seis meses del alquiler. En vez de buscar que el ladrillo sea rentable para quien alquila, se monta la ficción de la ayuda pública. El Estado se convierte así en garante de t odo. La sensación de bienestar depende de la bondad del Estado, y el joven beneficiario de la ayuda por alquiler sabe que se le acaba la subvención al cumplir los 30 años de edad o superar los 22.000 euros anuales de sueldo. Comprendo que no se puede hacer otra cosa, pero permítannos que soñemos con un país donde alguien pueda poner un piso en alquiler porque le resulta rentable. Y permítannos acariciar otra utopía bastante mayor: que todos puedan comprar o alquilar un piso sin sacrificios inhumanos o sin el paraguas del gobierno. Como es mucho pedir y eso no lo verán ni las sociedades más igualitarias, me agarro al conformismo del refrán, digo aquello del caballo regalado, y remato con un «menos da una piedra». Infinitamente menos.