PresupuestosParticulares del Estado

NO POR casualidad los Presupuestos del Estado se denominan generales. Lo son (o, al menos, deberían serlo) porque, al igual que ellos, hay un interés de todos que trasciende los intereses particulares de territorios e individuos. Ese al que se refiere la Constitución cuando proclama, por ejemplo, que toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general. Aunque en el ambiente de arranca moños en que andamos metidos desde que el debate presupuestario se inició todo parece objeto de pelea, a poco que los ánimos se calmen no debería ser difícil apreciar que la utilidad de las grandes obras y servicios trasciende casi siempre los intereses particulares de quienes las tienen más cercanas. ¿O es que la célebre T4 del aeropuerto de Barajas aprovecha sólo a los habitantes de Madrid? Sólo hay que darse una vuelta por allí y poner el oído para que la riqueza de acentos que uno oye desmienta de inmediato esa impresión. No, ni los aeropuertos benefician sólo a los que los utilizan de forma más frecuente, ni la red de ferrocarriles y autopistas a los que viven en los puntos donde comienzan y terminan. No ver esa evidencia sería tanto como pensar que los tejados de las casas sirven sólo a los que habitan en los áticos y los portales a los que lo hacen en los bajos. Todo ello no quiere decir, en cualquier caso, que el gasto público estatal revierta de igual modo en todas partes. Ciertamente no es así y por eso, incluso en los Estados más descentralizados del planeta existe un Gobierno central (o federal) que se encarga de fijar las prioridades de inversión, tanto desde el punto de vista territorial (donde gastar más y gastar menos) como político (en qué gastar más y gastar menos). Aunque toda decisión de gasto lleva siempre aparejado la posibilidad de generar algún conflicto, la verdad es que la eventualidad de que tal cosa llegue a producirse depende sobre todo de que opere o no socialmente la presunción de que el Gobierno del Estado invierte pensando en los intereses generales y no sólo (o fundamentalmente) en su interés electoral. Si esa presunción social existe, el debate anual presupuestario puede ser más o menos complejo, pero resulta en general un trámite legislativo de los muchos que aborda el parlamento. Si, por el contrario, cala la idea de que el Gobierno beneficia a las zonas donde tiene más votantes (o quiere tenerlos) y perjudica a todas las demás, el debate presupuestario se convierte en lo que desgraciadamente es en España: un auténtico arrebata capas, donde todo el mundo mira de reojo a todo el mundo, mientras el interés general naufraga como cosa de ingenuos o de cursis.