Crisis del TC o del sistema

SI EL Tribunal Constitucional estuviera en crisis, y parece estarlo, todo el sistema político -los tres poderes clásicos, las instituciones públicas, el organigrama representativo del Estado y obviamente la sociedad- debiera adoptar una actitud de alerta, y no tanto por un peligro de desplome como por el vaciado de moral cívica que se cierne sobre nuestra vida en común. Ni las incongruencias maliciosas de los políticos, con especial lucimiento de los «populares», ni el permanente rifirrafe entre la oposición del PP y el Gobierno, ni siquiera la memoria histórica dividida entre quienes la conservan con orgullo y quienes la sienten como agravio pueden deteriorar el sistema de convivencia que nos hemos otorgado; a lo sumo consiguen rebajar la calidad de nuestra democracia, lo que en muchos aspectos empieza a evidenciarse. Pero el espectáculo que ofrece ahora o desde hace meses nuestro más alto tribunal, instalado en la bóveda de la Justicia, revela que en el corporativismo ideológicamente fraccionado de los jueces hay un componente de canceración operativa. Se ha hablado recientemente de un golpe de mano de los magistrados conservadores del tribunal para conseguir una exigua, pero muy eficaz, mayoría gracias al voto de calidad del más cargado en años de sus miembros. Y el lunes cristalizó en la práctica esa situación al aceptar diez magistrados, una vez roto el empate a cinco por el dedo del de mayor edad, la abstención de la presidenta María Emilia Salas y del vicepresidente Guillermo Jiménez en un asunto que les concierne, el recurso del PP contra la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial por la que tanto Casas como Jiménez podían seguir en sus cargos hasta la renovación del tribunal. Además de aceptar la facción conservadora la abstención de los dos magistrados, admitió a estudio el recurso popular antes citado, lo que viene a significar que la presidenta Casas ha sido despedida casi definitivamente del Constitucional por sus cinco compañeros de la derecha judicial. Y como es de presumir que el tribunal va a quedar en manos de los diez magistrados supervivientes, a los que correspondería tramitar el recurso del PP contra el Estatut de Cataluña, ya podrían empezar a organizarse exequias fúnebres por varios artículos del texto estatutario, lo que plantearía un problema nacional de gran envergadura. La crisis en el tribunal está planteada por la insolvencia política para la renovación de los cargos de la judicatura en tiempo reglamentario. Hay que actuar para solucionar la crisis, deprisa deprisa.