El TC sale de la trampa

EL TRIBUNAL Constitucional ha salido del lance sin más que unos rasguños en su imagen institucional. Para ello ha moldeado a su circunstancia la aritmética de su funcionamiento, es decir, el número de magistrados requeridos para cada decisión, y demostrado para alivio estatal y ciudadano que los enredos políticos, por destructivos que pretendan ser, no van a lograr ni la quiebra ni la paralización de la Justicia, como ha estado a punto de verse paralizado el tribunal. Nada menos que tres recusaciones de magistrados había presentado el PP, y nada menos que dos el Gobierno por medio de la Abogacía del Estado. Y como forman ahora el alto tribunal sólo diez miembros, pues la presidenta y el vicepresidente se abstienen ante un recurso previo del PP que les afecta, la aceptación de las recusaciones habría privado al tribunal del quórum necesario para resolver el recurso popular contra la reforma del propio Constitucional. Antes de negarse admitir a trámite la tres recusaciones del PP, por ocho votos contra dos, se habían producido contactos entre los miembros del tribunal, y no sólo por afinidades ideológicas sino transversalmente, como si el ser conservador o progresista, o estar estampillado con esas etiquetas, no fuera una barrera para el entendimiento o, como en alguna ocasión habría sucedido, para distanciar aún más las respectivas posturas. El caso es que ocho magistrados de los diez se han negado a admitir las recusaciones populares, rompiendo el frente de las ideologías, que en el Constitucional están equilibradas cinco a cinco. Falta ahora que el lunes próximo, cuando estudie el tribunal las dos recusaciones de la Abogacía del Estado contra dos magistrados conservadores -que seguramente se ausentarán de la sala pues no son necesarios para el «quórum», fijado en ocho miembros-, la decisión no responsa exactamente a la aritmética de ese día, que reflejaría cinco progresistas y tres conservadores, sino que realice una filigrana salomónica, como el aceptar las dos recusaciones a estudio, pero con la intención subliminal de rechazarlas. Lo antedicho es una mera suposición, más bien voluntarista, pero resultaría tan positiva para el funcionamiento del Estado y la división de poderes, previo respeto mutuo entre ellos, que ninguna institución volvería a verse zarandeada por los intereses más bien mezquinos de los partidos políticos. Debería añadirse que las recusaciones del PP contra tres magistrados progresistas estaban montadas sobre una información falsa del diario madrileño El Mundo, falsedad que desde un principio reconocieron hasta los magistrados conservadores, testigos directos de los hechos falseados. La Justicia ha ganado una batalla a los enredos políticos, y ha salido más bien airosa de la trampa.