Saber o no saber

LOS DATOS del informe del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (Pisa) de la OCDE sobre al grado de conocimientos de los alumnos españoles ha servido de toque de atención a nuestro sistema educativo en su grado obligatorio. Ya habían sonado muchos otros timbres de alarma antes de que apareciera este informe. Ahí está la falta de reconocimiento de la autoridad de los profesores; la falta de exigencia en los exámenes para que descienda el nivel de fracaso escolar. Ahí está también, sin necesidad del informe Pisa, la falta de un clima escolar pacífico, especialmente en los centros públicos. Se encuentran esas noticias de padres que agreden o intentan agredir a los profesores que no aprueban a sus hijos. Sin informe Pisa se puede conocer que en los centros públicos donde hay cierta tranquilidad en el claustro es porque todos pasan y nadie se complica la vida. Con esta actitud contrastan otros centros públicos en los que hay el clima adecuado, el claustro motivado, el nivel de exigencia necesario y el rendimiento adecuado. Es decir, es posible lograr que la enseñanza pública tenga calidad. Y si se tiene en cuenta que el sistema público acoge a los ciudadanos con menos poder adquisitivo, la obligación de ofrecer calidad y buenos resultados es ineludible. Es un fraude social, es un desprecio a los sectores sociales más desprotegidos, mantener tan bajo el nivel de enseñanza obligatoria del sistema educativo público. De todo esto que se constata diariamente en los medios de comunicación, se llega a la conclusión de que nuestros políticos deben tomarse más en serio la educación. No puede ser objeto de contienda electoral. No se puede hacer una ley para la mitad de los españoles ahora y otra para la otra mitad después. Los políticos tienen la obligación de ponerse de acuerdo y consensuar una legislación educativa que tenga como objetivo fundamental elevar el nivel cultural de los alumnos de la enseñanza obligatoria, con independencia de que les proporcione votos o no. Debe conseguir un clima favorable que entusiasme a los profesores, que vean reconocida su tarea, su autoridad. El consenso de los políticos debe estar basado en el convencimiento de que es más una necesidad de clima adecuado en el centro que de sutilezas de contenidos. El desacierto de frases como «más gimnasia y menos religión» o de polémicas como «educación para la ciudadanía sí o ciudadanía no», sólo sirven para despistar el problema de fondo. El consenso en la legislación educativa debe tener como objetivo fundamental favorecer a los alumnos con interés para que desarrollen toda su capacidad, especialmente a los que no pueden escapar de «la pública». Esto puede suponer plantearse si no será necesario también hacer aulas especiales, o incluso centros especiales para los alumnos más conflictivos, aquellos que no quieren estudiar y se dedican a impedir que avancen los demás. Es necesario ese consenso para adecuar la legislación educativa a las necesidades de la sociedad española, sobre todo de los sectores más desprotegidos.