Con PCTV y ANV no habrá caso Atutxa

DESDE ayer será difícil que el PP consiga llevar el terrorismo a la campaña electoral, y no sólo porque Rajoy ha dicho que apoya al Gobierno en la iniciativa de ilegalizar a ANV y PCTV, terminales socioeconómicas de Batasuna/ETA, sino también porque en la lucha contra ETA no hay fuerza del Estado que no se sienta implicada. En las dos demandas de ilegalización que ayer presentó en el Supremo la Abogacía del Estado se solicita, además de la ilegalización de las dos organizaciones filoetarras, la suspensión cautelar de sus actividades, para evitar que puedan concurrir a las elecciones generales. El Supremo debería, así, paralizar la entrega a las dos siglas demandadas de cualquier caudal público, sea estatal, autonómico o municipal; embargar sus cuentas bancarias y suspender toda actividad sobre presentación de listas electorales, y suspensión de las listas ya presentadas. La primera de estas listas fue la que ayer presentó ANV a la Junta Electoral de Guipúzcoa. Pero no da la sensación de que estos dos partidos aberzales se hayan amilanado, pues siguen alardeando de que van a defender en Madrid, y desdeel Congreso, la identidad y la independencia de Euskalherria. No es improbable que ese apoyo del nacionalismo vasco, más el de Esker Batua (la IU vasca) y Aralar, no vaya a faltarles a los dos partidos en vías de ilegalización y en inminente suspensión de actividades. Ya han presentado en el Parlamento vasco las tres fuerzas del gobierno tripartito una proposición para que la disolución de grupos parlamentarios ilegalizados sólo sea posible por mayoría absoluta en sesión plenaria de la cámara. De esta forma, y si la ilegalización del PCTV fuera solicitada al Parlamento de Vitoria por el Supremo, la responsabilidad de denegar esa disolución no sería de la Mesa de la cámara ni de su presidente, sino de todo el parlamento. Se trataría en el fondo de que no vuelva a repetirse en el País Vasco el caso Atutxa, quien siendo presidente del parlamento de Vitoria no accedió a disolver el grupo Batasuna, por lo que ha sido condenado a multa y dos años de inhabilitación. Las fricciones entre el poder judicial y el legislativo producen ronchas en la piel del Estado, por lo que conviene evitarlas y así lo aconsejan las reacciones del nacionalismo vasco contra esta sentencia, a la que se considera por todas las fuerzas nacionalistas una vejación. Y en la campaña electoral vasca, el radicalismo abertzale no se limitará a ordenar a sus fieles el voto nulo, que sirva para medir su volumen social, sino que no se descartan turbulencias callejas y hostigamiento a mítines de los partidos constitucionalistas.