Que nos cojan confesados

EN UN escenario de gran incertidumbre económica, el Gobierno y las comunidades autónomas están emplazados a negociar en los próximos meses el nuevo modelo de financiación autonómica para el siguiente quinquenio. O lo que es lo mismo: el dinero que cede el Estado a cada una de las autonomías para que éstas puedan financiar los servicios públicos transferidos desde la Administración central. La revisión de dicho modelo siempre da lugar a un tira y afloja entre las comunidades «ricas» y las comunidades «pobres», que intentan arrimar el ascua a sus respectivas sardinas. En ocasiones precedentes el pulso siempre se ha resuelto de una forma más o menos equilibrada, con fórmulas de compromiso que dejaban igual de satisfechos e insatisfechos a todos. Siempre, eso sí, garantizando a todas las autonomías los recursos mínimos suficientes para prestar los servicios esenciales. En esta ocasión, sin embargo, el asunto presenta visos especialmente preocupantes para las comunidades «deficitarias», esto es, las que reciben del Estado mayor volumen de recursos de los que el propio Estado recauda en ellas, caso de Castilla y León. De entrada, por primera vez se van a hacer públicas precisamente las llamadas «balanzas fiscales»: el saldo del Estado (ingresos y gastos) en cada Comunidad. Lo cual permitirá visualizar cómo se concreta en euros contantes y sonantes el principio de solidaridad interterritorial. Las autonomías con «superávit» consideran que dicha solidaridad ha ido en los últimos años más lejos de lo que corresponde. Y a partir de esa coincidencia comunidades con distinto signo político como Cataluña y Valencia -la pela es la pela- ya se han posicionado a favor de ponderar en mayor medida el factor población y de acotar el fondo de suficiencia financiera exclusivamente a los servicios públicos esenciales (Educación, Sanidad y Servicios Sociales). En la misma onda están Baleares y Madrid. Ante tal amenaza, las autonomías menos pobladas no se han quedado quietas y también se han alineado en defensa de sus intereses comunes. También para ellas «la pela es la pela» y, al igual que en el frente opuesto, forman bloque comunidades de distinto color político. Así, aparece Castilla y León aliada con Galicia, Asturias y Extremadura exigiendo que sigan ponderándose en la misma medida factores como la dispersión territorial y el envejecimiento de la población, así como que no se limite el fondo de suficiencia financiera. Entre dos aguas nada Andalucía que, a la vez que defiende la población como criterio fundamental, también se apunta al parámetro de la dispersión territorial. Sucede además que varias comunidades concurrirán a esta negociación esgrimiendo unos nuevos Estatutos de Autonomía que rearman -y en algunos aspectos blindan- sus posiciones de partida. Es el caso de Cataluña, Baleares, Andalucía y Valencia (cláusula Camps). Frente a ello, Castilla y León afronta el trance con un Estatuto sin ninguna fuerza coercitiva, en el que se declara el derecho de esta Comunidad a disponer de suficiencia financiera lo mismo que la Constitución declara que los españoles tienen derecho a una vivienda digna. O sea, que nos cojan confesados.