Crimen y castigo

CUALQUIER amante de la literatura de género negro puede comprobar como la obra de Fiódor Dostoievski está repleta de personajes psicológicos, delirantes y transgresores. En Crimen y castigo , su magistral novela, trazó un protagonista paradigma del mal, Rodion Romanovich, estudiante aventajado que planifica la muerte de una anciana usurera con el único fin de robarle sus caudales. El personaje pretendía, además, que su acto criminal quedara impune y casi lo consigue; sólo al final de la trama el peso de la culpa le vence y el autor recibe su castigo. Ya en el primer tercio del siglo XX Sigmund Freud se fijó en el hecho luctuoso para redactar su famoso artículo Dostoyevski y el parricidio. Pero, dicho esto, entremos en harina. ¿Puede la realidad superar e inclusive «perfeccionar» la ficción de Dostoieski? Bien digo. ¿Acaso es en el territorio imaginario donde las infracciones criminales reciben su pena y, por el contrario, quedan indemnes en el día a día? Sin duda es una idea descabellada, cercana al esperpento. Pero no la descarten. Al menos no en España, donde a menudo la intervención ilógica somete a la moral del raciocinio. Los juzgados de nuestro país soportan millón y medio de sentencias sin ejecutar, según datos del Consejo General del Poder Judicial, del que es portavoz el leonés Enrique López, con quien tuve la ocasión de charlar sobre el tema la semana pasada en el programa «Panorama de Seguridad» de la UFP. De esta cifra descomunal, y sólo en el orden penal, se acumulan 403.591 expedientes sin resolver, de los cuales, 270.000, sobre los que ya recayó fallo firme, se encuentran apilados uno encima de otro en espera de ejecución. Habría que sumar además las 93.000 causas que hacen cola en los juzgados de instrucción, las 19.000 de las audiencias provinciales y los casi 3.000 veredictos pendientes de ejecución en la Audiencia Nacional sobre terrorismo, narcotráfico y delitos económicos. No cuenta, en este inventario de tintes dramáticos, el atasco que sufre el ámbito contencioso-administrativo y social. Así las cosas, una reciente oleada de omisiones escandalosas han alertado a la ciudadanía sobre los desajustes y traspiés del aparato judicial. Si, como dijo el filósofo, el alimento y la justicia son las verdaderas necesidades del pueblo, en estos momentos padecemos una suerte de hambruna terrible y una iniquidad clamorosa. Los quebrantamientos de condena se cuentan por millares y son cientos de miles las víctimas que siguen sin recibir la reparación y/o compensación que la propia justicia les reconoció, lo que supone una victimización secundaria aún más dolorosa que la primaria, cometida por el malhechor, ya que es la administración a la que se han dirigido en demanda de amparo quien les desdeña, les suscita un daño moral y, por trivial que parezca, les origina una punzante lesión de los sentimientos. El caso sangrante de la niña Mari Luz, cuyo asesino se encontraba en libertad a pesar de tener pendientes de ejecución dos condenas anteriores por abusos sexuales; el parricida decapitador de su madre en Murcia, con cuatro condenas de prisión sin cumplir; el violador de Zamora, condenado por la audiencia a siete años, nunca ejecutados, que terminó forzando a otra menor en Palencia; el terrorista del Grapo que mató de un tiro en la nuca a un policía en Madrid, absuelto por torpeza judicial; o el disparate del preso que pasó un año de más en la cárcel por olvido de la magistrada que tramitaba el proceso, evidencian que algo falla. Y no precisamente por desidia de los funcionarios. La carencia de personal, la improcedente distribución del trabajo, la ausencia de soportes informáticos adecuados, el colapso diario que supera lo realmente adjudicable y una discutible rutina deshumanizadora inciden en el caos que atenaza a la instancia judicial desde hace mucho, mucho tiempo. Tampoco hay que descartar, en absoluto, cierto corporativismo entre algunos, no todos, de los 4.000 jueces que, en aras de la independencia, convierten en impenetrables reinos de taifas sus despachos donde los mecanismos de depuración de errores o actitudes impropias se estrellan contra un bastión poco menos que infranqueable. Muestras abundan. Si las equivocaciones, desaciertos y otros fiascos detectados en los juzgadores hubieran recaído sobre la conciencia de algún agente policial, abogado notario o médico forense, por poner ejemplos dispares, estarían suspendidos a divinis o penando dolo intramuros. Jueces de apoyo, planes de refuerzo, un sistema informático a la altura de las circunstancias (el Ministerio de Hacienda es buen referente a seguir), mejores técnicas de gestión y, he aquí el quid de la cuestión, una reestructuración de la oficina judicial en la que Su Señoría se encargue única y exclusivamente de dictar resoluciones, quedando en manos del secretario judicial la organización del juzgado y la optimización de tareas, acompañado de la reforma de los métodos procedimentales vigentes, que datan del siglo XIX, y de la inyección de fondos que superen ese ínfimo uno por ciento de recursos que el Gobierno destina a justicia, son el camino recto hacía el saneamiento judicial que la sociedad reclama ante la sucesión de escándalos, y la solución al más que seguro incremento de la inseguridad ciudadana y de la población reclusa que acarreará la crisis económica que nos está invadiendo. En la universidad y en el campo de la criminología se trata de que los alumnos confíen en nuestro sistema judicial; pero no siempre resulta sencillo. Los hechos son tozudos y los jóvenes tienen criterio propio, leen y se plantean dudas razonables. En todo caso, los últimos acontecimientos nos indican que para algunos juzgadores es cosa fácil ser desprendido con la transgresión del prójimo; lo difícil es ser justo. Y eso no es precisamente ecuanimidad. Dura lex, sed lex ».