León

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LA NUEVA MINISTRA de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, es una de las esperanzas de José Luis Rodríguez Zapatero para esta legislatura tan complicada en lo económico, lo social y lo político... Muchos han puesto su esperanza en ella porque o España empieza a ser algo en I+D+i o perderemos definitivamente el carro de la modernidad. Somos la octava potencia económica mundial pero estamos sostenidos, además de por el turismo, por la construcción y el consumo interno. Tenemos una productividad y una competitividad muy bajas. Si falla lo que nos sostiene, como está pasando, si no solucionamos a medio plazo nuestra total dependencia energética y no contenemos el déficit exterior, eso de la «octava potencia» será historia. Por eso, la I+D+i es el reto, la única posibilidad de seguir creciendo. Y queda demasiado por hacer. La ministra ha dicho que aspira a situar España en el año 2015 entre los diez países más avanzados del mundo en educación universitaria, ciencia, tecnología e innovación, y a nuestras mejores Universidades entre las cien primeras de Europa. Lo tiene muy difícil, casi imposible. Para conseguir ese objetivo hacen falta medios y me temo que con la crisis, los que hay se van dedicar a otras cosas. Hoy no hay ninguna Universidad española entre las doscientas mejores del mundo y sólo una (Barcelona), entre las cien mejores de Europa y en el puesto ochenta y cuatro. Otras tres -las Autónomas de Barcelona y Madrid y la de Navarra- tienen hueco en la cola de las ciento cincuenta mejores de Europa. Lo malo no es que estén atrás, es que están desaparecidas. La endogamia, el mirarse el ombligo, la atomización excesiva de centros allí donde no hay demanda, la caída del número de universitarios, la falta de contacto de la mayoría de las Universidades y del profesorado con el mundo empresarial y la falta de compromiso de las empresas privadas con la innovación y el desarrollo, no hacen fácil que en sólo siete años seamos capaces de pasar del negro al blanco. El impulso va a tener que hacerse con dinero público y no va a ser fácil mantener las políticas sociales, la inversión en infraestructuras, pagar las nóminas e inyectar más dinero en un sistema educativo que se mide más por el fracaso escolar y la desincentivación del profesorado que por su calidad. Habría que potenciar de una vez la Formación Profesional -prometerlo, lo han prometido todos los gobiernos desde el año 1970, pero hacerlo, no lo ha hecho ninguno- y, aunque sea una medida impopular, limitar no el acceso, pero sí la permanencia en las aulas universitarias. Que esté allí el que estudia; que haya más medios suficientes para menos alumnos; más posibilidad de hacer carrera por el trabajo no por el enchufismo o la «departamentitis»; que se evalúen de verdad y se hagan públicos los rendimientos de cada Universidad; y que se prime a las mejores y se acabe con los burócratas. Ojalá acierte esta vez la ministra, pero me temo que en lugar de siete puede necesitar setenta años si no cuenta con algo más que la voluntad.

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