La igualdad en la financiación sanitaria, en peligro

LA Ley 21/2001 del 27 de Diciembre recogió el acuerdo de Política Fiscal y Financiera aprobado por unanimidad de todas las Comunidades Autónomas. En su exposición de motivos, la citada Ley establece que el sistema se basa, entre otros, en los principios de generalidad, estabilidad, suficiencia y solidaridad. El principio de solidaridad justifica la creación del Fondo de Suficiencia, de manera que exista una transferencia de recursos entre las comunidades más ricas y las más necesitadas, con el objeto de conseguir que todos los ciudadanos, independientemente de su lugar de residencia, puedan gozar de un nivel mínimo de servicios públicos, tanto en su cantidad como su calidad. Con estos criterios, salvo en casos excepcionales, la financiación actual ha aportado un nivel de recursos similar en términos per cápita, al margen de cada Comunidad Autónoma. Los nuevos Estatutos de Autonomía (Cataluña, Andalucía, Baleares y Aragón) han abierto una vía de reforma indirecta del sistema de financiación de las comunidades autónomas, al establecer un criterio de reparto de fondos considerado como variables relevantes la población y el PIB de cada territorio. Es prácticamente seguro que el debate de la financiación de la sanidad se mezclará con la reforma de los Estatutos y la financiación autonómica por intereses de los partidos nacionalistas a los que cederá como siempre el Sr. Zapatero. En este sentido, el señor Montilla, presidente de Cataluña, ya ha amenazado con que si la propuesta de financiación no le gusta, los 25 diputados del Partido Socialista de Cataluña votarán en contra. Las balanzas fiscales se han publicado por vez primera como justificante de las pretensiones nacionalistas, a pesar que como de todos es sabido, los impuestos los pagan las personas y no los territorios. Creo que la financiación sanitaria merece un consenso aparte y se debería reeditar un Pacto de Toledo sanitario. Estos grandes acuerdos de Estado suelen ser más generosos y están dotados de un mayor sentido común que los resultantes de las refriegas políticas cotidianas. De no ser así, en el nuevo acuerdo de financiación que se adopte, se debería hacer una evaluación del coste real de los servicios sanitarios en función de variables tales como la extensión territorial, la orografía, la dispersión de la población y el envejecimiento, y no poniendo el énfasis básicamente en la población como propone el Ministro Solbes a petición de los partidos nacionalistas. No tiene el mismo coste prestar un servicio sanitario a 2.553.000 personas que vivan concentradas en una gran ciudad que a los mismos habitantes dispersos en la Comunidad más extensa de España y de Europa como es Castilla y León. Debido a la variable dispersión poblacional en nuestra Comunidad Autónoma hay un facultativo por cada 1.072 habitantes mientras que la media en España es uno por cada 1.700. Es decir, en Castilla y León para cubrir a la misma población se necesita más personal sanitario. Esta dispersión también provoca que el Gobierno Autonómico se gaste entre 2,5 y 3 veces más en el dispositivo de emergencias que en otras Comunidades donde la población esta más concentrada en núcleos urbanos. Tampoco tiene el mismo nivel de consumo de servicios sanitarios una persona joven que una persona mayor. En este sentido, un estudio de la OCDE sobre gasto sanitario en función de grupos de población concluye que el gasto sanitario medio permanece constante hasta aproximadamente los 60 años, a partir de los cuales crece hasta duplicar o triplicar el coste de las terapias. Por último, un estudio más reciente de un grupo de expertos de la Universidad de Valladolid destaca el alto coste y la menor eficiencia del gasto que supone la baja densidad poblacional y la alta dispersión de los residentes en su territorio. El informe propone que el factor población oscile entre el 59 y el 66%; el territorial entre el 17 y el 25%. Y el factor infraestructuras entre el 17 y 19%. Por todo es necesario que en el acuerdo que se adopte el Gobierno facilite una financiación sanitaria justa, teniendo en cuenta el hecho diferencial de las Comunidades Autónomas. En teoría existe un Fondo de Cohesión sanitaria para equilibrar todas estas divergencias pero la realidad nos ha demostrado que no funciona, ya que prácticamente se utiliza para cubrir el gasto originado por los usuarios desplazados de una Comunidad a otra. Si no conseguimos una financiación sanitaria justa y equilibrada, la calidad de la sanidad se resiente aun más, aumentando las listas de espera, reducción de tiempos de atención al paciente, etc. Actualmente se da la paradoja de que faltan médicos, pero al mismo tiempo los exportamos. Nuestros jóvenes médicos emigran a otros países donde les pagan mejor. Por el contrario, para suplir esta carencia contratamos médicos de países en vías de desarrollo cuya formación no es la misma que exigimos a los nuestros. Es necesario, como así lo ha propuesto Juan Vicente Herrera, que las comunidades autónomas de cualquier signo político que tengan las mismas características de población, territorio, envejecimiento y dispersión poblacional se unan y planteen nuevas demandas comunes. El señor Zapatero siempre saca pecho diciendo que lo que le preocupa son las cuestiones sociales. Este es uno de los mejores momentos para demostrarlo porque la sanidad, la educación y los servicios sociales son las auténticas políticas sociales y esas políticas las hacen las comunidades autónomas. Curiosamente, este miércoles la Ministra Cabrera repartió a las Autonomías sólo la mitad de los fondos previstos inicialmente para las ayudas a la Dependencia. Sin una financiación justa para estas políticas el Estado del Bienestar se deteriorará irremediablemente. Estamos en un momento decisivo por la influencia en la vida de los españoles de las decisiones que se van a adoptar. Corremos el riesgo de que si aceptamos las tesis impuestas por los nacionalistas al presidente Zapatero peligren los principios de igualdad y solidaridad fijados en la Ley de Financiación de las comunidades autónomas. No podemos perder de vista que cada español debe tener garantizado el acceso a la sanidad, a la educación y a los servicios sociales de calidad en igualdad de condiciones independientemente del lugar donde residan.