Spanair, incriminada Incógnitas tras la tragedia El precio de la salud

EL PRIMERO de septiembre, coincidiendo con la reanudación del curso político, se celebrará en la catedral de la Almudena el funeral solemne por las víctimas del terrible accidente aéreo del avión MD de Spanair, que produjo 153 víctimas mortales y algunos heridos de extrema gravedad. Pero, entre tanto, se multiplican las voces que apuntan a la compañía propietaria y a la compañía que gestionó el vuelo, la escandinava SAS y Spanair, respectivamente. Los titulares de los diarios de este viernes, al igual que las informaciones de la víspera, ya apuntaban severamente contra esas eventuales responsabilidades de los gestores del avión siniestrado: Spanair niega ser culpable de la tragedia, pero admite que subsanó un fallo que no afectó al despegue... Y a las incriminaciones o imputaciones de un delito tan grave como el de mantenimiento inadecuado e insuficiente de un avión, que se dirigen a las compañías propietaria y gestora, SAS y Spanair, responden éstas con escasa y muy poco contundentes aclaraciones y explicaciones, lo que indigna aún más, si cabe, a los contritos familiares de las víctimas. Los portavoces y autoridades de Spanair insisten en que pasaron todos los controles, que cumplían todos los requisitos, y que los fallos observados en el comienzo de ese vuelo que terminó en pocos minutos en tragedia, habían sido reparados o subsanados debidamente. La realidad niega esas afirmaciones, y todo permite suponer que los responsables del vuelo le dieron el visto bueno a su despegue cuando, en un estricto cumplimiento de las normas, debió haberse cambiado el avión y enviado ese MD a los talleres para la revisión de sus motores «o algo más». Es decir, se insiste en la probabilidad de un fallo humano y de un fallo técnico, o de ambos a la vez y conjuntados para conseguir la mayor tragedia aérea en mucho tiempo, de las ya abundantes que se han registrado en los aeropuertos españoles. Se han recordado, en particular, en los últimos días, los accidentes de Barajas y de Los Rodeos en Tenerife. Lamentablemente, nuestra muy ilustre -por su muy distinguido origen-Terminal 4, se ha vuelto a cobrar tributo de sangre, como a las pocas semanas de su inauguración, con el atentado de la banda ETA que causó la muerte a dos personas. Es evidente que los responsables políticos son los primeros interesados en que se depuren las correspondientes responsabilidades de una tragedia de estas dimensiones, que ha producido la desolación de todos. TRAS EL TERRIBLE es inevitable que surjan las preguntas: ¿cómo pudo afectar la situación crítica de la compañía Spanair en el grave fallo de seguridad? ¿Por qué el piloto del avión siniestrado no despegó a la primera, sino que regresó a la terminal para que el avión fuera reparado? ¿En qué consistió esta reparación? ¿Fue efectivamente del sistema de control de temperatura exterior? ¿Era posible prever el fallo del motor? ¿Actuó la tripulación como debía? Es claro que para dar respuesta a todas las preguntas habrá que realizar una minuciosa investigación, de acuerdo con los rigurosos protocolos establecidos. Porque el siniestro tiene que servir, al menos, para evitar otros de parecidas características en el futuro. Lamentablemente, la seguridad aérea se ha conseguido mediante tales investigaciones y un control riguroso de los aparatos y las tripulaciones. El que siga habiendo accidentes demuestra que la tarea no ha concluido. LA PRESCRIPCIÓN generalizada en nuestro país de la vacuna contra el cáncer de cuello de útero está recibiendo críticas. No tanto por el hecho de que su eficacia no sea absoluta cuanto por la dudosa relación coste/beneficio de una terapia muy cara que sólo protege a las mujeres vacunadas durante cinco años. Un catedrático escéptico con la vacuna argumenta que dentro de treinta años la sanidad española se habrá gastado 4.000 millones de euros que podrían haberse invertido mejor en otras atenciones. Las dudas sobre la campaña de vacunación, impulsada por la industria farmacéutica, se han expresado ya en forma de manifiesto a favor de una moratoria en la aplicación de la vacuna que han firmado unas 6.000 personas. Pero el debate se desarrolla sobre todo en los ambientes profesionales, sin llegar a la opinión pública. Y, sin embargo, parece que estos asuntos concretos y que afectan directamente a la salud colectiva tendrían que tener un tratamiento político público y abierto porque es claro que han de interesar a las mayorías. Si así se hiciese, la política lle- garía mejor a la gente y todos nos haríamos más participativos.