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BERNARDINO C. GONZÁLEZ-HALLER 1397124194
León

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HACE TREINTA AÑOS que los salvadores de España empezaron a construir el nuevo edificio del Estado democrático. Con aquello que se llamó Transición se ha hecho demasiada demagogia. Se vendió como ejemplar, cuando en realidad fue un arreglo a medida de políticos que buscaban la forma de acomodarse a la nueva situación. La Constitución hecha por los llamados padres de la Constitución, además de ser imprecisa y ambigua, ha dado lugar a la gestación de diferencias ideológicas y sociales. No somos ya todos iguales. En unas comunidades hay mejores servicios que en otras. No obstante, todos aplaudieron aquella Constitución al ver como sus ventajas personales tomaban cuerpo. Es verdad que se liquidó parte del franquismo, pero no todo, porque, para no molestar a los militares ni a la Iglesia, quedó algo que había decidido Franco, más propio de una sociedad feudal que de una nueva democracia. Entre los artífices de la transición quedan Carrillo y Fraga (ministro de Franco). Carrillo, en una entrevista, que publico El País hace unos días, dijo: «La Transición la hicimos un poco a ciegas. En 1977 y 1978 no sabíamos muy bien lo que estábamos haciendo». Carrillo ahora, como tiene muchos años, dice la verdad. Pero lo malo no es sólo que los políticos de esa época no supieran muy bien lo que estaban haciendo, es que los siguientes siguen sin hacer política de Estado y dando mal ejemplo. Por aquella ceguera, que dice Santiago Carrillo que tenían, ahora tenemos un Estado central sin poder ejecutivo y dieciocho gobiernos, el central y diecisiete autonómicos. Con tantos Estados, habiendo recibido miles de millones de pesetas de la CE, aún carecemos de justicia fiable y rápida, de camas y médicos suficientes en los hospitales públicos, de servicios sociales aceptables y de un medio rural cuidado en todos los sentidos. Todos tenemos la obligación de ser justos y hacer el trabajo que hacemos correctamente, de esta forma el país funcionaría mejor y no necesitaríamos tanta policía, ni tantos jueces, ni tantas cárceles. Pero esa obligación de los ciudadanos, tiene que ser superada con el buen ejemplo de las personas que nos representan (cobran bastante por ello. Los altos cargos de la magistratura cobran más de 120.000 euros al año. Bono, cobra más de 166.000 euros, más las ventajas) y cumplir mejor que nadie con su responsabilidad. En primer lugar dar ejemplo, porque la forma de cruzar acusaciones, ficticias la mayoría de las veces, se parecen más la mentalidad de una sociedad primitiva, que a la de una sociedad con cultura y dignidad. Todos saben que la gente no tiene fe en la justicia ni en la política. No es una opinión mía, lo demuestran todas las encuestas y se habla en la calle. Sean elegantes, por favor.

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