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León

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ME REPATEA el ecologismo catastrofista a lo Joaquín de Fiori. Las dramáticas predicciones sobre el cambio climático que, con interesada publicidad, nos vendió el documental Una verdad inconveniente de Al Gore, han pasado a un segundo plano. Ya nadie se acuerda. Los nuevos datos en torno al enfriamiento de la Antártica y el año de frío que llevamos quizá no cuestionan el calentamiento global del planeta, pero lo ponen en cuarentena. Ya el juez británico Michael Burton había señalado que el tal documental contenía graves exageraciones e inexactitudes. Pero en España, la instrumentalización del video, del que la anterior ministra de Medio Ambiente, Pilar Narbona, adquirió 30.000 copias al módico precio de 580.000 euros para visionarlo por los colegios, buscaba alimentar la polémica contra el Partido Popular, acusado de poco ecologista, a tenor de unas palabras imprudentes de Rajoy.

Esta utilización política del ecologismo es perversa y lo hemos visto esta semana con el asesinato de Ignacio Uría en Azpeitia por unos desalmados. ETA ha utilizado frecuentemente argumentos de este tipo, por ejemplo en la central de Lemóniz, la autovía de Leizarán y ahora la llamada y griega del ave vasco. A estos asesinos les importa un bledo la energía nuclear, sus montañas y valles o la salud de los ciudadanos vascos, lo que buscan son pretextos para afirmar su hegemonía. Y lo pueden hacer por los enfrentamientos del PP y PSOE (ni siquiera se unirán, pese a lo dicho el sábado, para echar a ANV de los ayuntamientos), el apoyo de los nacionalistas y la connivencia de un pueblo atrapado por el miedo. La partida de cartas de los compañeros de juego de Ignacio Uría, cuando aún permanecía en la calle su cadáver, es el testimonio más elocuente del grado de degeneración al que ha llegado un pueblo cobarde, incapaz de enfrentarse a sus miedos.

Oponerse a este ecologismo no significa aceptar como buena cualquier tropelía contra el medio ambiente, por ejemplo la pretensión de las cementeras Cosmos y Tudela-Veguín de quemar residuos en sus hornos, eso que han llamado eufemísticamente «valorización energética». La crisis de la construcción afecta a muchas empresas, no solo a las constructoras e inmobiliarias, también a las fábricas de cementos, ladrillos y otras. El paro atenaza a casi tres millones de trabajadores y aún no ha tocado fondo. Esto es muy preocupante. El chantaje de algunas empresas a los sindicatos y a la Administración lleva a aceptar actividades que, en otros momentos, no permitirían. Es el caso de la quema de residuos (harinas y grasas animales, lodos de depuradora, neumáticos, etc.) en los hornos de las cementeras. La Junta, por boca de su delegado, Eduardo Fernández, nos vende la bondad del proyecto, lo mismo que las direcciones regionales de los sindicatos UGT y CC.OO., pero no es verdad.

La empresa necesitará valorizar los combustibles de sus hornos, aunque el petróleo ha bajado sustancialmente en estos meses, pero no puede hacerlo a costa de la salud de los habitantes de dos zonas, La Robla y el Bierzo, que por sus peculiaridades geográficas no reúnen los requisitos para este tipo de combustión. La quema de residuos, por ejemplo de neumáticos, no es la mejor solución en ningún sitio pero en zonas que son fondos de valles, donde se producen en invierno frecuentemente inversiones de temperatura por las nieblas, no parecen los mejores lugares para llevar a cabo procesos de combustión, que lanzan al aire dioxinas, metanos, metales pesados y otras sustancias nocivas para la salud.

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