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León

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LA FIRMA del acuerdo entre Rusia y Ucrania para el suministro y tránsito de gas hacia el resto de Europa parece haber puesto fin a una crisis que en las últimas dos semanas ha afectado seriamente a la población y a la industria de quince países de la Europa central y del este. Pero su rúbrica por parte de Putin y Timoshenko debe dar paso a un compromiso legal más firme por el que los términos de la Carta Energética de 1994 queden precisados, estableciendo sanciones por la suspensión del suministro o del tránsito de combustible a cuenta de las desavenencias que puedan surgir entre empresas o países. De lo contrario persistirá el riesgo de que quien produce o quien ofrece su suelo para que por él discurra el suministro opte, llegado el caso, por negárselo a los países consumidores. Un riesgo ante el que la Unión Europea debe actuar de común acuerdo antes de que la imperiosidad desatada por la «guerra del frío» se disipe.

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