La Junta se pone las pilas

ENTRE los muchos efectos colaterales negativos de la batalla librada en torno a las Cajas de Ahorros no ha sido el menor el hecho de que la Junta de Castilla y León no se haya volcado todo lo necesario en combatir los efectos de la crisis económica. Reconducido el debate sobre el futuro de las entidades de ahorro, las medidas contra la crisis se sitúan por fin como prioridad máxima para el gobierno Herrera.

El presidente de la Junta y su consejero de Economía, Tomás Villanueva, que han salido bastante escaldados de su pulso con las Cajas, recuperaron ayer resuello político. Ambos comparecieron junto a los máximos responsables de UGT, CC.OO. y Cecale para presentar los primeros acuerdos alcanzados en el seno del Consejo del Diálogo Social. Se trata de un conjunto de medidas que refuerzan la protección de los trabajadores afectados por la crisis, ya sean los afectados por expedientes de regulación de carácter temporal, como de los parados de más de 55 años y de los que han agotado por completo las prestaciones del desempleo. Las citadas medidas son especialmente oportunas visto el sombrío horizonte que presentan sectores como el de la automoción, del cual cuelga una importante industria auxiliar compuesta de pequeñas y medianas empresas abocadas a echar el cierre -”de hecho acaparan gran parte de los Eres en curso-” si l as multinacionales siguen reduciendo producción en sus factorías españolas. Junto a esas medidas de protección social, por fin arrancan las líneas de financiación que tanto se estaban echando en falta para evitar que muchas pequeñas y medianas empresas perfectamente viables se vean asfixiadas por la falta de liquidez.

La foto de Herrera con los agentes sociales neutraliza sin duda las críticas de los socialistas de Castilla y León, que han venido acusando a la Junta, no sin falta de razón, de no encarar la crisis con la decisión que lo vienen haciendo otros gobiernos autonómicos.

Bien está que se incremente al máximo la protección de los trabajadores desempleados, pero sin perder de vista que la mejor terapia contra el paro no es su cuidado paliativo sino prevenir la hemorragia mediante políticas que mantengan y fomenten el empleo. La concesión de microcréditos a los trabajadores autónomos o la llamada «toma de razón de la cesión de crédito», fórmula puesta en marcha por el gobierno de Cantabria por la que las empresas pueden disponer por adelantado del importe de sus contratos con la administración, son algunas de las nuevas medidas sobre la mesa una vez que la Junta parece haberse puesto las pilas.

El Fondo de Inversión Local del gobierno Zapatero, con ser interesante, puede tener mucho de «pan para hoy y hambre para mañana» en una crisis cuya duración nadie se atreve ya a predecir. En cualquier caso, al margen del formato, es evidente que la inversión en obra pública es absolutamente imprescindible para paliar la situación. Por eso no se comprende la cachaza mostrada por la Junta respecto al Plan plurianual de Convergencia Interior emanado del Estatuto de Castilla y León, un programa dotado en su primera anualidad con 125 millones de euros que, al paso que van las cosas, se quedarán sin invertir.