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PEDRO VICENTE
León

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ADEMÁS DE A Mariano Rajoy, la victoria electoral del PP en Galicia parece haber insuflado ánimos al presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, quién ha dejado atrás el letargo invernal y ha recuperado la iniciativa política frente a la crisis económica.

A diferencia de la mayor parte de las comunidades, que se esforzaron desde el primer momento en buscar medidas paliativas contra la crisis, la Junta de Castilla y León dejó pasar el año 2008 sin afrontar un verdadero plan de choque. Las 26 madrugadoras medidas aprobadas en el mes de mayo quedaron rápidamente superadas por la magnitud de la crisis, sin que se implementaran otras que la situación pedía a gritos, como las destinadas a facilitar la liquidez del empresariado regional.

Distraída con el futuro de las cajas de ahorro, la Consejería de Economía y Empleo tuvo que empezar a hacer los deberes de la mano del Consejo del Dialogo Social, que el pasado mes de febrero alumbró un primer paquete de acuerdos destinados de verdad a combatir la crisis y a paliar sus estragos en esta Comunidad. Posteriormente, la Junta ha desplegado un plan especial de apoyo al sector de la automoción cifrado en 411 millones de euros, en el que, más allá del apoyo a las multinacionales -”capítulo que debe soportar prioritariamente el Gobierno central-” se contempla el apoyo a la industria auxiliar y la incentivación de la demanda.

Con estas medidas en marcha, Juan Vicente Herrera comparecerá esta semana en el Parlamento autonómico pudiendo alardear de una iniciativa política frente a la crisis que hace tan sólo un mes brillaba por su ausencia. Para completar la jugada, en vísperas de esa comparecencia Herrera ha decidido recoger el guante que durante meses le ha venido lanzando el socialista Óscar López de negociar un pacto político contra la crisis en Castilla y León. Con ello el PP despoja a López de la bandera política de ese pacto y pone fin a su recurrente lamento de no poder «arrimar el hombro».

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En todo caso, la negociación de ese pacto -”que debería haberse intentado en el mes de octubre en torno a los presupuestos-” no debe ni puede paralizar o ralentizar medidas ya en marcha, puesto que entonces sería peor el remedio que la enfermedad. Me estoy refiriendo por ejemplo al Plan Plurianual de Convergencia Interior destinado a corregir los desequilibrios territoriales internos en Castilla y León, sobre cuyas directrices PP y PSOE han venido manteniendo abiertas discrepancias. Aunque lo deseable sería que dicho Plan pudiera ser consensuado, dichas discrepancias no pueden servir de excusa para demorar su puesta en marcha, ya que ello pondría en peligro la inversión de los 125 millones de euros presupuestados para la presente anualidad. También está por ver cómo se concilia ese clima de consenso con el eventual desencuentro que el PP y el PSOE están llamados a tener sobre el nuevo modelo de financiación autonómica. El cambio de gobierno en Galicia puede repercutir negativamente para Castilla y León, al rebajar el compromiso político de Zapatero con una comunidad, la gallega, que defendía en esta materia los mismos criterios respecto a la dispersión territorial y el envejecimiento de la población.