Plan Bolonia: la nueva meca del capitalismo académico

EL PLAN BOLONIA tiene aspectos que seguramente todo el mundo podría compartir: equiparar las titulaciones; aprendizaje más centrado en el estudiante, o potenciar la docencia tutorizada y de tipo seminario. El problema de fondo es el marco global en el que se inscribe y la filosofía que orienta esta reforma. Por supuesto, es loable un aprendizaje más centrado en el estudiante y menos en lo magistral, pero para implementar este sistema de formación es necesaria una relación más cercana entre estudiantes y profesorado, grupos más pequeños, y por tanto, más profesorado, cambios en las instalaciones, etcétera, es decir, más financiación. Dado que se presenta como una reforma con presupuesto cero, la financiación correrá a cargo del bolsillo de los estudiantes y de las universidades, a las que se les pide que consigan financiación externa haciendo sus «productos» más atractivos para el mundo empresarial.

El bolsillo de los estudiantes se resentirá. Quienes quieran acceder a los títulos de posgrado, los másteres (aquellos que ofrecen una formación científica especializada y que serán los que realmente cuenten para acceder a los puestos mejor remunerados del mercado laboral), tendrán que pagarlos a un alto precio. Actualmente, los másteres, como ciclo, no están reconocidos por el ministerio, y eso implica que, aunque los actuales pueden ser claves a la hora de buscar un empleo en el sector privado, no cuentan realmente a la hora de opositar, ni llevan asociados ningún plus en ningún convenio laboral; en el plano legal cuentan lo mismo que un curso, por lo que no los hace imprescindibles para la formación. Pero con la nueva reforma sí. Lo que antes equivalía a ser licenciado en una carrera de cinco años, cuyos créditos le costaban todos por igual al estudiante a lo largo de esos cinco años, ahora se divide en dos partes (grado y posgrado), y si se quiere llegar a esa especialización de cinco años, se tienen que pagar el postgrado a precios de oro.

Para eso se ha creado la figura de los préstamos-renta. Es decir, pasamos de las becas a los préstamos bancarios (es fácil imaginar quiénes son los más interesados), con lo que a partir de ahora los estudiantes estarán endeudados incluso antes de intentar abandonar el hogar familiar y buscar una vivienda. Pero lo crucial es el cambio de filosofía que suponen: se está pasando de considerar la educación universitaria como un derecho accesible a toda la ciudadanía a entenderla como una prerrogativa que se financia a quienes puedan devolver esa inversión.

Los presupuestos de las Universidad pública también se resentirán. Las inversiones en la educación superior y los planes de estudio están siendo pensadas de acuerdo con las exigencias del mercado y como preparación al mercado de trabajo. Mientras, se recorta el presupuesto para proyectos «improductivos» de orientación humanística y/o crítica. Porque la profesionalización ya no es una finalidad entre otras de la educación superior, sino que tiende a convertirse en la principal línea directriz de todas las reformas. Con el argumento de que la educación debe atender a las demandas sociales, se hace una interpretación claramente reduccionista de qué sea la sociedad, centrando la formación en preparar el tipo de profesionales solicitados por éstas. Es obvio que hoy en día toda persona necesita aptitudes y competencias adecuadas para moverse en el difícil mundo laboral; pero sorprende que la actitud de las Universidades al respecto sea dar por buena esas durísimas condiciones laborales, y simplemente adaptarse sumisamente a ellas. Con la difusión de esta peligrosa y sutil ideología, se reduce la enseñanza universitaria a las «competencias» útiles para las empresas, obedeciendo a un utilitarismo que impide a los jóvenes interesarse mínimamente en lo que parece no ser vendible en el mercado de trabajo. Otras capacidades que podrían promover una sociedad más justa y mejor van quedando «obsoletas» y se las obvia progresivamente.

Igualmente la financiación pública se subordina a la previa obtención de «fuentes de financiación externa», es decir, privada. Estos recortes presupuestarios han desatado una lucha feroz por obtener presupuestos complementarios de corporaciones y fundaciones. Donantes que imponen su logotipo en las paredes, vuelven a bautizar los edificios y promueven cátedras a cambio de una denominación que revela el origen de los fondos. La investigación que proviene de estas cátedras responde a los intereses de quienes las patrocinan, no sólo porque son quienes las financian y ante quienes hay que demostrar la eficacia de su inversión a través de resultados «tangibles» y que produzcan «beneficios», sino también porque recortan y definen los temas e intereses de las investigaciones, así como las prioridades de las mismas. La prioridad para la investigación de temáticas de interés para las empresas y la industria siempre será así mucho mayor que la financiación disponible para la investigación de cuestiones locales de interés para la gente empobrecida, las minorías y las mujeres de clase trabajadora, por ejemplo.

Es el denominado «capitalismo académico»: universidades cuyo personal sigue siendo retribuido en una gran parte por el Estado, pero cada vez más comprometidas en una competencia de tipo comercial, en busca de fuentes de financiación complementarias. Si ponemos a diferentes universidades a competir por la financiación de las empresas privadas, se crearán estructuras semipúblicas en las que se investigará o se enseñará sólo sobre lo que sea rentable. ¿Y quién cubrirá las titulaciones y los proyectos que no lo sean? Resulta difícil pensar que la Universidad va a poder preocuparse por la interculturalidad, por la diversidad, por la filosofía o por el pensamiento crítico, en este contexto de competitividad por resultados y por figurar en el ranking de la excelencia académica.

Es necesario defender una Universidad que se comprometa con la sociedad, que sea motor de transformación social. Pero el plan Bolonia no pretende cambiar la sociedad desde la universidad para hacerla más justa, más sabia, más universal, más equitativa, más comprensiva, sino de adaptar la universidad al mercado, una parte muy concreta de la sociedad, cuyas finalidades no se orientan precisamente hacia la justicia, la comprensividad o la equidad, como a la vista está. Por ello necesitamos repensar los auténticos problemas de la Universidad para que otro proceso de convergencia sea posible. Una reforma de la educación superior desde una óptica auténticamente social y al servicio de la sociedad y no exclusivamente del mercado.