Del dicho al hecho...
El corro | pedro vicente
Concluido el paréntesis vacacional, el perfíl de los presupuestos para el próximo año vuelve a ser a piedra de toque para calibrar como orienta el gobierno de Castilla y León su política frente a la crisis. La consejera de Hacienda, encargada de cuadrar las cuentas, ha confirmado lo que en junio adelantó el presidente Herrera durante el debate sobre el Estado de la comunidad: Serán unos Presupuestos restrictivos y austeros. A la fuerza ahorcan, dada la caída de la recaudación en los impuestos transferidos y el recorte aplicado por el gobierno central en los anticipos a cuenta de la financiación autonómica.
De hecho, la Junta, extremadamente reacia a endeudarse, no ha tenido esta vez otro remedio que asumir desde el primer momento la imperiosa necesidad de hacerlo. El pasado año no recurrió a la deuda hasta última hora y lo hizo para procurarse un colchón de dinero extra disponible atender las contingencias derivadas de la crisis económica. La diferencia es que en esta ocasión la emisión de deuda pública resulta imprescindible para completar el capitulo de ingresos.
Al tiempo que se anuncia la obligada contención presupuestaria, el gobierno Herrera se está cuidando mucho de recalcar que no habrá ningún recorte de gasto social, entendido como tal el destinado a la Sanidad, la Educación y el catálogo de prestaciones gestionadas por la Consejería de Familia. «De ahí no se recortará un euro», ha asegurado el Portavoz de la Junta. Y nadie duda que será así. Esas partidas presupuestarias no sufrirán ninguna reducción en el proyecto presupuestario. Solo faltaría. El problema es que una cosa es el contenido de los Presupuestos y otra muy distinta su aplicación real. Y suele ocurrir que entre lo aprobado y lo ejecutado realmente siempre media un trecho. Precisamente, los socialistas acaban de detectar en la ejecución presupuestaria del primer semestre de este año un recorte de 19 millones de euros de gasto social: 10 en la Consejería de Sanidad, 7 en la de Familia y 2 en la Educación.
En consonancia con la austeridad predicada, va de suyo que los sueldos de los altos cargos de la Junta y demás instituciones autonómicas permanezcan por segundo año consecutivo congelados. Con mayor motivo cuando, tras el globosonda lanzado por José Blanco, todo apunta que la congelación salarial afectará en el 2010 al conjunto de los funcionarios públicos. Una medida, en este momento atenuada por la inflación negativa, que difícilmente podrá ser criticada por el PP, que la aplicó en 1997, justamente cuando Mariano Rajoy era el ministro de Administraciones Públicas en el gobierno Aznar.
Dejando a un lado su obligada autocongelación salarial, en lo de apretarse el cinturón la Junta hasta el presente ha dejado bastante que desear. Para empezar, pese a tener un amplio margen, no ha seguido el ejemplo de otras comunidades autónomas que han reducido consejerías y han adelgazado la nómina de altos cargos (aquí aldededor de un centenar). Pero lo peor no han sido las omisiones, sino algunas acciones ciertamente chirriantes, como la de gastarse 52 millones de euros en la compra de un edificio administrativo solo para albergar parte de los servicios de la Consejería de Economía.