Un mal negocio para el PP
El mirador | josé cavero
El PP no recibió los votos de ningún grupo del Congreso y vio rechazadas sus peticiones de que comparezcan con urgencia en la Cámara Baja --para hablar de esa supuesta «persecución» del Gobierno hacia este partido-- la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega; el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido. Lo que sí recibió el PP fueron las críticas de los demás grupos, por haber pedido estas comparecencias sin haber aportado ni un mínimo indicio de las supuestas escuchas ilegales que los máximos dirigentes del PP han denunciado ante los periodistas pero no en los tribunales. Soraya Sáenz de Santamaría ni siquiera llegó a hablar en ningún momento de «escuchas». Es decir, que la presunta persecución denunciada por el PP, y rechazada como invento irracional por el PSOE, ha sido un severo traspiés para el partido que aspira a regresar al Gobierno, acaso por cualquier medio o con cualquier excusa o procedimiento.
Sáenz de Santamaría señaló que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero «tiene obsesión por Camps» y que el PP «no confía en el Gobierno ni en Conde Pumpido». La portavoz popular en el Congreso aseguró que «casi todas las investigaciones abiertas contra el PP han quedado en nada. La causa contra 49 miembros del PP implicados en casos de corrupción ha sido archivada o no ha dado lugar a actuaciones judiciales, pero sí han sufrido la pena del escarnio público de los telediarios». Y añadió que, en su opinión, el Gobierno parece utilizar la consigna «que se hable del PP y no se hable de la crisis» porque, a su juicio, «quieren acabar antes con el PP que con el desempleo».
El PP se quedó solo con sus denuncias. Por CiU, el diputado Jordi Jané anunció la abstención de su grupo, y se quejó del «clima de bronca» con el que se reanudaba la actividad parlamentaria, emplazando al PP a trasladar sus denuncias a los tribunales. Asimismo, desde el PNV, su portavoz, Emilio Olabarría, indicó que su grupo se abstendría a pesar de considerar el debate de una naturaleza «un tanto esotérica», aunque aseguró que si el PP aportara una «sola prueba» incluso apoyarían la creación de una comisión de investigación. El portavoz de ERC en el Congreso, Joan Ridao, señaló que no apoyarán las peticiones del PP al considerar que sus denuncias constituyen una estrategia de «defensa» ante el «cerco de sospechas» sobre corrupción que afecta, ha dicho, a este partido, y van camino de convertirse en una «paranoia casi tan delirante como la trama del 11-M». En cuanto al portavoz de IU-ICV, Gaspar Llamazares, justificó su voto en contra porque no quiere que «la mentira de destrucción masiva, poco creíble e indemostrable» del PP se convierta en un «delirio de persecución», ya que no ha podido presentar un mínimo de indicios que acrediten sus denuncias. L a sesión orquestada por el PP se le ha vuelto en contra y sus denuncias han quedado perfectamente desautorizadas. Flaco favor el de Cospedal, Trillo y compañía con sus denuncias sin la menor prueba. Ambos personajes, si alguna les quedaba, ven sensiblemente reducida su credibilidad.