El prestigio del Consejo de Estado
Panorama | antonio papell
La reforma de la normativa que regula la interrupción voluntaria del embarazo ha desencadenado un confuso alboroto jurídico, que ha reproducido en gran parte el que ya se formó cuando el aborto fue parcialmente despenalizado hace cas i un cuarto de siglo, con el asentimiento posterior del Tribunal Constitucional. Con independencia del debate político, que resultaba previsible y que es propio del régimen pluralista de que disfrutamos, las diferentes instancias consultivas han tenido un comportamiento desigual.
En efecto, el Consejo General del Poder Judicial, que debía emitir un preceptivo informe, ha sido insólitamente incapaz de producirlo. La falta de acuerdo y la actitud adoptada por su presidente, afectado por reservas religiosas, impidió que prosperara el texto redactado por la vocal Margarita Uría y aprobado por la Comisión de Estudios, que afirmaba que la ley de plazos es conforme con la Constitución. El Consejo Fiscal, por su parte, emitió un informe en el que sostenía la inconstitucionalidad de la reforma por «desprotección del nasciturus», aprobado por seis votos a cinco; los cinco miembros progresistas elevaron al Gobierno su propio informe, en sentido contrario.
El Consejo de Estado, por su parte, acaba de avalar la constitucionalidad del anteproyecto de ley. Y si relevante es esta conclusión, lo es todavía más el proceso de formación de la voluntad de este organismo consultivo, que una vez más, acredita su prestigio y su solvencia jurídica. En efecto, la norma en ciernes fue estudiada por la sección tercera del Consejo, a cuyo frente está el consejero permanente Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, uno de los ponentes de la Constitución y acreditado jurista; el dictamen fue finalmente votado por la comisión permanente del Consejo, presidido por el ex presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Rubio Llorente. El acuerdo fue unánime, y recoge numerosas matizaciones que modulan y perfeccionan la propuesta gubernamental que será finalmente tramitada como proyecto de ley por el Parlamento. Así, recomienda que «los padres sean oídos» cuando la menor que decida abortar tenga 16 años, insiste en la libertad informada de las mujeres, ETC. Los términos del dictamen son parecidos a los del texto -fallido- de Margarita Uría.
Lo magnífico de este dictamen es, además de la serenidad del texto, redactado en pulcro lenguaje forense, la unanimidad alcanzada, a pesar de que los consejeros de Estado provienen de ámbitos ideológicos diferentes. Dicha unanimidad, que da consistencia jurídica a la opinión emitida, tranquiliza sin duda a una ciudadanía que con frecuencia asiste a una fragmentación del Derecho impropia de un sistema que se basa en un claro modelo de civilización y de cultura.
El Partido Popular ya ha anunciado que presentará recurso de inconstitucionalidad contra la reforma. Está en su derecho (y quizá en su obligación, si quiere ser consecuente con su clientela política). Pero es muy probable que de nuevo asistamos a otra encendida polémica en el seno del TC, donde, como es sabido, los magistrados «progresistas» y los «conservadores» se sienten llamados a desempeñar un pr otagonismo político que nadie les ha conferido.