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León

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El corro | pedro vicente

Los datos oficiales de población a 1 de enero del 2009 han confirmado que Castilla y León es la comunidad autónoma que menor incremento demográfico registró el pasado año, tan solo un 0,2 por ciento (6.191 habitantes) frente al 1,3 del conjunto nacional (587.985). El dato, en sí mismo preocupante, lo es más teniendo en cuenta que cuatro de las nueve provincias perdieron censo, una de ellas, Zamora, la que más de toda España. La preocupación es mayor si se considera el avance facilitado por el Instituto Nacional de Estadística sobre la evolución del pad rón en el presente 2009, según el cual en los primeros nueve meses del año Castilla y León llevan perdidos 1.155 habitantes. Y lo que es peor: salvo la de Valladolid, las otras ocho provincias presentan en este periodo saldo negativo, con León (-1.053) y Zamora (-1.011) a la cabeza de ese triste ránking.

A la vista de estos datos -”y de las previsiones realizadas por el propio INE que auguran a Castilla y León la pérdida de 50.000 habitantes en la próxima década-” cabía pensar que el demográfico era un problema plenamente reconocido por la Junta. Incluso que, toda vez que fue el propio presidente Herrera quien decidió sustituir la fallida Estrategia regional contra la despoblación por la nonata Agenda de la Población, con este cambio se reconocía implícitamente el fracaso de las políticas aplicadas hasta ahora. Y ni lo uno ni lo otro. Lejos de asumir fracaso alguno, la pasada semana vimos en las Cortes cómo Herrera ni siquiera se molesta en relativizar el problema: lo niega con pasmosa tranquilidad, al tiempo que defiende la eficacia de esas políticas seguidas por la Junta en los últimos años, las mismas que se dispone ahora a corregir.

Si preocupante es el problema en sí, más lo es la contumacia en no reconocerlo, puesto que difícilmente pueden esperarse soluciones si no se admite previamente el diagnóstico. Y el diagnóstico no admite negacionismos: Una vez desinflada la burbuja de la inmigración, ha aflorado descarnadamente la realidad de que Castilla y León siguen perdiendo población autóctona; y además, población especialmente joven. Ello sin contar con el problema añadido de que el estancamiento o retroceso demográfico no es uniforme, sino que castiga mucho más a unas provincias -”con Zamora y León en primer término-” que a otras, lo que agrava de paso el problema de los desequilibrios territoriales internos. Los datos son tozudos y en días pasados se ha conocido otro en la misma dirección: el número de agricultores afiliados a la Seguridad Social ha descendido en el último año en otros tres mil, reduciéndose ya a poco más que 45.000 en toda la comunidad autónoma. Un reflejo más del gravísimo problema de la despoblación rural.

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Mientras tanto, iniciaremos el año 2010 sin haber hecho los deberes básicos, con los dos instrumentos específicos anunciados para combatir las lacras de la despoblación y los desequilibrios territoriales en la más absoluta de las nebulosas. La Agenda de la Población no existe y no se la espera hasta febrero y del Plan de Convergencia Interior ni siquiera sabemos si finalmente estará coparticipado por el Gobierno central.