Las clínicas abortistas denuncian que la ley les sitúa en la «inseguridad jurídica»

Un notable paso atrás para las mujeres y para los profesionales. Las clínicas abortistas privadas, que practican el 98% de las interrupciones del embarazo, denunciaron ayer que el desarrollo de la ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo, a través de los dos reales decretos aprobados en el Consejo de Ministros del pasado viernes, sitúa a sus médicos en una situación de «inseguridad jurídica».

La patronal del sector criticó el retroceso registrado respeto a la ley original con estos reales decretos. Además, puso en duda que los sobres informativos, que las comunidades tienen que aportar a las mujeres que pretendan abortar, estén disponibles el 5 de julio, cuando entra en vigor la norma. También expusieron sus dudas de que el lunes estén constituidos los comités clínicos en todas las autonomías

Uno de los cambios de la ley es el que preveía permitir que las chicas de 16 y 17 años abortaran solas si presentaban un documento que acreditase que sus padres estaban informados.

Los padres. Sin embargo, uno de los reales decretos aprobados eliminó esa opción y las menores deberán ir acompañas de al menos uno de sus padres o tutores. Para la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (Acai), este cambio supone poner a los médicos en una situación de «indefensión jurídica», ya que deberán decidir cómo actuar si las jóvenes alegan que informar a sus padres de que van a abortar puede suponerles un conflicto. Posibles litigios «Antes, la ley situaba la responsabilidad en la joven menor de edad, que no iba a ser tutelada por sus padres para no coartar su libertad. Ahora, la mayoría de ellas van a recurrir al argumento de que no se lo pueden decir a sus padres porque tienen problemas. Y éstos, si se enteran con posterioridad, pueden presentar un recurso contra los médicos que hayan practicado el aborto», manifestó Santiago Barambio, presidente de Acai.