Un juzgado dicta que comercializar tarjetas R4 para videojuegos es delito
Los cartuchos que sirven para piratear las Nintendo son importados de China
Un juzgado de lo Penal de Palma de Mallorca ha dictado la primera sentencia en España contra la importación y comercialización de los llamados «módulos de carga de videojuegos» para las consolas portátiles de Nintendo, dispositivos más comúnmente conocidos en España como «cartuchos o tarjetas R4».
La sentencia, que es firme y no puede ser apelada, reconoce el daño causado a Nintendo y obliga a los responsables a pagar una indemnización por el perjuicio causado, que asciende a 4.000 euros, además de castigar con seis meses de prisión a cada uno de los implicados.
Con esta decisión, el juzgado ratifica que la distribución de estos «módulos de carga de videojuegos» es delito, lo cual «supone un gran paso adelante tanto para los que hacemos videojuegos como para los que de verdad disfrutan con ellos», según ha indicado Rafael Martínez, subdirector general de Nintendo Ibérica.
Rafael Martínez ha explicado que la venta de estas tarjetas es particularmente dañina para los editores de videojuegos porque están diseñadas para desactivar y burlar la tecnología antipiratería presente en el hardware de las videoconsolas y permiten a los usuarios jugar con copias ilegales descargadas previamente de Internet.
1397124194 Una sentencia pionera. La denuncia se produjo tras una investigación llevada acabo por las Autoridades Aduaneras españolas y la Guardia Civil española, en relación con la importación de estos dispositivos ilegales de China, que llegaron al aeropuerto de Palma procedentes de Hong Kong.
Las pruebas descubiertas permitieron confirmar que los importadores eran responsables de la distribución en España de cientos de estos dispositivos ilegales.
«Ésta es una sentencia crítica en el apoyo a la protección de la propiedad intelectual», ha señalado Martínez, porque es la primera en relación a las tarjetas R4 y porque se reconoce la existencia de delito y «se condena por ello a una pena de cárcel», dicta la sentencia.
Según el directivo de Nintendo, España es uno de los países de la Unión Europea con mayor número de videojuegos ilegales descargados de Internet.