El acuerdo entre PSOE y PP consigue resucitar la ley Sinde en el Senado

PSOE y PP alcanzaron un acuerdo en el Senado que da una segunda oportunidad a la controvertida ley Sinde, llamada a regular las descargas en internet y a acabar con la piratería en la red. Gobierno y oposición lograron 'reforzar' las garantías judiciales de la norma, de modo que, como reclamaba el PP, será el juez quien intervenga desde el primer momento en el proceso de cierre de las páginas que faciliten descargas de materiales sujetos a derechos de autor.

También como exigía el PP, acodaron la revisión de llamado canon digital para adecuarlo a las exigencias del Tribunal de Justimos de unos internautas que consideran «inútil» y «dictatorial» la regulación de la descargas y el cierre de páginas de enlaces que permitan bajarse material protegido por derechos mediante un pronunciamiento judicial. El pacto se plasmó en la presentación conjunta de una enmienda global a la disposición adicional de la Ley de Economía Sostenible (LES), que es donde se recoge esta polémica norma «antipiratería» que el Congreso 'tumbó' el pasado 21 de diciembre y adonde deberá volver tras su trámite en el Senado.

El acuerdo PSOE-PP 'resucita' de hecho esta controvertida norma 'antidescargas' mediante la enmienda pactada a cuatro horas del cierre del plazo y tras varias semanas de tensas negociaciones. Un acuerdo acaba con un largo año de tramitación jalonada de polémicas y desencuentros entre internautas y legisladores. Unos colectivos que seguirán con las espadas en alto, por más que la ministra asegurara que la futura ley «garantiza absolutamente los derechos de todos». «Los usuarios deben tener abosluta tranquilidad», dijo Sinde tras el pacto, destacando que no les perseguirá un ley que «aumenta las garantías y la protección de los titulares de derechos de propiedad intelectual».

Juez y comisión. El texto reformulado introduce las garantías judiciales desde el principio del proceso de cierre de una página web que sirva contenidos no autorizados. El magistrado intervendrá desde el primer momento de este proceso, cuando la denominada Comisión de Propiedad Intelectual reciba una denuncia y requiera datos como quien es el responsable del dominio, cuántos usuarios tiene y otras informaciones de carácter confidencial sobre las partes que deberán personarse en un procedimiento que, según los cálculos iniciales, podría extenderse al menos durante 17 días.

En el texto se puede leer que «una vez obtenida la autorización, los prestadores estarán obligados a facilitar los datos necesarios para llevar a cabo la identificación». La comisión se concibe como un «órgano colegiado de ámbito nacional».