La ley del juego abre una nueva era para las apuestas deportivas on line

Tras muchos años en una situación de práctica alegalidad, el Congreso de los Diputados ha dado los primeros pasos para la aprobación de la nueva ley por la que se regularán las apuestas on line. Todos los partidos del arco parlamentario, de uno u otro signo, han participado de forma activa en la elaboración de una norma cuya tramitación se encuentra ahora en el Senado.

La creación de una Comisión Nacional del Juego -”con capacidad para imponer multas de hasta 50 millones de euros-”, la obligatoriedad de que todos los dominios de Internet sean .es para su mejor control o el reparto de parte de los beneficios con los clubes deportivos son algunas de las novedades que en principio traerá consigo la nueva legislación. Proteger los derechos del usuario, luchar contra la ludopatía, frenar el blanqueo de capitales e, incluso, la financiación del terrorismo son, además, los principales objetivos que se persiguen, amén del no declarado públicamente de asegurar que una importante suma de dinero vaya a parar a las arcas del Estado en forma de impuestos.

Traducido en números, el juego on line generó en el 2010 315 millones de euros en beneficios y ha atraído a más de 400.000 españoles en los últimos años. Por el contrario y pese a tal volumen de clientes y dinero, apenas ha creado un solo puesto de trabajo, ya que las empresas mantienen sus infraestructuras en el extranjero.

Las empresas propietarias de portales de apuestas ven con los mejores ojos que se cree un marco jurídico que regule su actividad, algo que venían reclamando desde hace años. Opinan que, elaborado de una forma correcta, beneficiará a todas las partes implicadas: el Estado, los usuarios y los propios operadores. Aun así, mantienen sus cautelas respecto al texto que ha llegado al Senado. «Es mejor que el que se estudiaba hace tres meses pero peor que el que se manejaba hace dos semanas», argumentan. Y es que los continuos cambios a los que ya se ha sometido el texto y la avalancha de enmiendas de uno y otro grupo político a las que se enfrenta hacen que el proyecto deba ser aún cogido con alfileres.

Los operadores han mostrado públicamente cierto desacuerdo con la alta fiscalidad a la que deberán someterse, que alcanzará hasta un 25%, cuando en países como Reino Unido o Malta se fija en un 15 y un 10%, respectivamente. Pero están dispuestos a aceptarla.

La experiencia en Australia, donde hace cinco años se llevó a cabo un proceso similar al que se realiza ahora en España, demuestra que, amparado por la ley, el negocio de las apuestas crece exponencialmente a un público más amplio.