Cambiar la sociedad del bienestar, básico para el 61% de los españoles
El nivel de prestaciones sociales ya no es viable, según un estudio.
El 80 % de los españoles, según concluye un estudio sociológico, considera prioritario mantener la sociedad del bienestar, ahora bien un 61,5 % cree que, debido a la crisis, es necesario «adoptar medidas para su reforma y reducir algunos servicios». Según este mismo estudio, presentado ayer en Madrid, el 47,1 % de los españoles ha llegado a la conclusión de que el nivel de prestaciones sociales «ya no nos lo podemos permitir», de ahí que sean necesarias reformas y recortes en el gasto público.
Mil entrevistas telefónicas, a españoles de todo el territorio nacional, realizadas a finales de marzo pasado, han servido a Tecel Estudio-Sigma Dos y a la Universidad Internacional de Valencia, un «centro de pensamiento y análisis para aportar ideas a la sociedad», según su rector, Juan Manuel Badenas, para pulsar la opinión pública sobre la «grave» situación por la que atraviesa España. Y los resultados, según los promotores del estudio, les llevan a la conclusión de que «si para hacer sostenible el Estado del bienestar en educación, sanidad, infraestructuras,...es necesario dar participación al sector privado, adelgazando los costes del sector público, bienvenida sea la reforma». «Lo que quieren los ciudadanos —se insiste— son prestaciones y servicios suficientes, y de calidad».
Del estudio se desprende que tan sólo el 21,7% de los ciudadanos ha escapado hasta ahora de la crisis, ya que el 33,6% la sufre sin trabajo, el 67,3% confiesa que ha visto disminuir sus ingresos y el 6,6 % ha dejado de percibir alguna ayuda pública, en forma de beca o subvención.
Los españoles, según el estudio sociológico, se muestran más partidarios de recortar el gasto público (37%) que de subir los impuestos y tasas (11,4%) para hacer frente a la crisis, si bien un 36,2% asegura que ambas medidas son necesarias. Para recortar el gasto público y mejorar los ingresos del Estado, el 99,2 % reduciría los gastos de los cargos públicos —coches oficiales, dietas,...—, el 91,8% crearía un impuesto que gravara las grandes fortunas y el 91,1% reduciría la estructura de las administraciones públicas.