Los sindicatos creen que los fármacos se encarecerán con el ‘medicamentazo’

El día después de que el Gobierno anunciase el ‘medicamentazo’ que dejará al menos 425 fármacos de uso común sin financiación pública desde agosto, los sindicatos CC.OO., UGT, CSI-F y Satse criticaron la medida y aseguraron que en vez de suponer un ahorro para la sociedad, «generará más gasto». No se creen las cifras ofrecidas por el Ministerio de Sanidad y están convencidos de que las grandes beneficiadas serán las farmacéuticas. Y es que la industria del sector mostró ayer su apoyo al Ejecutivo y defendió la exclusión de estos productos.

Los representantes sindicales negaron que el ‘medicamentazo’ permita ahorrar 458 millones de euros al Estado, como afirma el Gobierno. Realmente apuestan por todo lo contrario. «Los medicamentos que salen de lo financiado hasta ahora serán sustituidos por otros, quizás más modernos, pero más caros porque llevan innovación y una patente», explicó Carlos Amaya, de CSI-F. De esa manera explican los aplausos que la iniciativa ha cosechado en la patronal farmacéutica.

Además, temen que los precios de los centenares de medicamentos excluidos se disparen. La ministra de Sanidad, Ana Mato, ya aseguró tras el Consejo Interterritorial que el Gobierno vigilará para evitar que los medicamentos sin subvención (y que los pacientes podrán seguir adquiriendo abonando la totalidad de su precio) multipliquen su importe excesivamente.

Pero los sindicatos no solo están molestos con el fondo de la norma, sino también con la forma. Critican, como algunas comunidades autónomas, en especial Andalucía y País Vasco, la falta de información ofrecida por el Ministerio y reprocharon al Ejecutivo su improvisación ante lo que consideran una ocurrencia más. Tampoco entienden que el presidente del Gobierno no dé explicaciones en un asunto que afecta a uno de los pilares básicos del Estado de bienestar. «Solamente vemos al presidente cuando va al partido de fútbol», denunció Luis Álvarez, de CC.OO.

Sanidad se defendió y aseguró que los medicamentos eliminados recogen las propuestas realizadas por las propias consejerías en las reuniones de trabajo previas al consejo interterritorial. Además, insisten en que no es la primera vez que se realiza una actualización de la cartera básica de salud y que sirve para poner a España en línea con los demás países de la UE.

Como protesta por el decreto de racionalización del gasto sanitario que supone un recorte de 7.000 millones, los sindicatos presentaron ayer una queja ante el Defensor del Pueblo en la que le instan a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra dicho decreto por vulnerar el derecho a la protección de la salud. A quien sí ha gustado la «actualización» del nomenclátor (la cartera de fármacos con financiación pública) es a Farmaindustria.