Cañete culpa a Canarias de los errores en el fuego de La Gomera
El endurecimiento de las penas, listo para el próximo verano.
«Cada comunidad autónoma tendrá que analizar si los medios propios y sus acciones de prevención son suficientes». Esa es la principal conclusión de Miguel Arias Cañete tras varias semanas de graves incendios. El ministro de Agricultura compareció ayer por primera vez para dar una explicación extensa sobre su gestión en la lucha contra el fuego y lo hizo para rechazar cualquier responsabilidad de su departamento en los errores que hayan podido cometerse durante las labores de extinción, especialmente, en el caso del incendio de La Gomera.
Cañete recordó que las competencias en la materia corresponden a los gobiernos regionales y que la obligación del ministerio es, principalmente, la de poner a disposición de las comunidades los medios de los que dispone. En este sentido, aseguró que su departamento ha respondido «puntualmente y sin retraso» a todas y cada una de las peticiones realizadas por Canarias y cuestionó.
Desde el Centro de Coordinación de la Información Nacional sobre Incendios Forestales, en el que se vigila la evolución de los incendios en toda España, apuntó así que fueron los técnicos canarios quienes optaron por rebajar el nivel de gravedad de la catástrofe, el pasado 7 de agosto, y quienes consideraron que ya no eran necesarios los tres aviones enviados por el ministerio. También respondió a los reproches sobre la tardanza en el envío de los primeros medios, el 5 de agosto. El ministro alegó que la petición de aviones por parte del gobierno canario se realizó mediante un fax de madrugada, a las 1:27 horas, una hora a la que no era posible hacer nada porque las aeronaves carecen de navegación nocturna. Su salida se produjo a las 8:00 de las mañana.
Penas más duras
El endurecimiento de penas que prepara el Gobierno para quienes provocan incendios forestales estará listo, si todo sigue el orden previsto, para el verano del próximo año. Al agravamiento de sanciones, que ya había anunciado Gallardón, Miguel Arias Cañete sumó otra medida. «Queremos que sea un juez ordinario quien aplique las penas, y no un jurado», planteó.